“Industriales exportan más cantidad de granos de lo que procesan”, fue el titular de una información difundida recientemente por medios de comunicación. La misma destacó que en 2024 el ranking de exportadores de granos fue liderado por empresas que poseen plantas de procesamiento en el Paraguay, y que enviaron 3,5 millones de toneladas de soja en grano y al respecto lanzó varios interrogantes: 

¿Fue por preferencia, rentabilidad o estrategia? ¿Por qué teniendo capacidad instalada para procesar esta es subutilizada y exportan la soja en grano? ¿Por qué no crece el volumen de procesamientos, si se cuenta con disponibilidad de la materia prima? ¿Es más rentable la industrialización en Argentina o en las fábricas de otros países?

Desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) celebramos que se ponga en debate el tema, que es central para el futuro de la agroindustria paraguaya, porque, en las condiciones actuales, los números para industrializar soja en Paraguay no resultan convenientes. 

La falta de una política industrial que apuntale esta actividad y las asimetrías en relación a otros países en lo que respecta al marco fiscal han hecho que sea más competitivo enviar granos en estado natural antes que procesarlos en las industrias paraguayas (incluso para las propias empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y generaron tantos puestos de trabajo de calidad), limitando el potencial no solo del sector sino de toda la economía.

La industria paraguaya ha perdido competitividad en relación a plantas instaladas en el exterior, pero no por falta de tecnología o por impericia del sector privado, sino por los reiterados cambios en políticas públicas que imponen costos fiscales a nuestras industrias que las fábricas de otros países no sufren.

La industria aceitera paraguaya, a pesar de haber realizado grandes inversiones, que han permitido al sector ubicarse como la actividad transformadora con mayor saldo de inversión extranjera directa del Paraguay (según los datos del Banco Central), y de haber dado un salto en la capacidad de procesamiento de 1.500.000 a 4.500.000 toneladas por año, se ve obligada a exportar en estado natural a causa de estas condiciones de competitividad tan negativas, muy diferentes a las que existían o que se tenían pensadas al realizarse las grandes inversiones que permitieron ampliar la industria. 

El hecho debería ser un llamado de atención para las autoridades de que existen grandes deficiencias en el modelo actual, que están limitando el desarrollo de la agroindustria, sector que tiene un papel preponderante, siempre y cuando, se desee realmente apuntar al desarrollo sostenible de nuestro país. La competencia desigual también pone en peor posición de negociación a la industria aceitera con relación a las empresas que son netamente exportadoras de materias primas agrícolas en estado natural, que no tienen los altos costos de mantenimiento ni las inversiones en industrias.

Una de las grandes inequidades por la falta de políticas públicas es que la industria aceitera es la única industria que no tiene derecho a recuperar el IVA generado por la compra de sus materias primas cuando exporta productos industrializados desde la promulgación de la Ley N° 6380/19 y sus reglamentaciones. Otra dificultad que afecta a las industrias es que el Paraguay no tiene un régimen de admisión temporaria como tienen otros países, que permite la importación en condiciones favorables de materia prima, para incentivar la industrialización y el agregado de valor a nivel local.

La CAPPRO es el gremio que agrupa a las 10 principales industrias aceiteras del país que procesan oleaginosas para la obtención de la harina, cascarilla de soja y aceite crudo y refinado. Las firmas asociadas y principales procesadoras de oleaginosas del país son: ADM PARAGUAY, BISA, BUNGE PARAGUAY, CAIASA, CARGILL, CONTIPARAGUAY, COPAGRA, LDC PARAGUAY, MERCANTIL COMERCIAL S.A. y OLEAGINOSA RAATZ.