La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó un informe sobre Perú y, como parte de su sesudo análisis, puso la lupa sobre la petrolera estatal, Petroperú. Su análisis está sobre la base de cómo la situación de la empresa del Estado, y posibles inyecciones de capitales, ponen “en jaque” la situación fiscal del país.

Ya esto lo advertía Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del BofA, en reciente conversación con Gestión: “Si este año no se hace una nueva transferencia a Petroperú y todo lo demás se mantiene constante, mecánicamente, vas a llegar (a cumplir la regla fiscal)”

En similar tenor, la OCDE subraya que las repetidas inyecciones de capital proporcionadas a Petroperú, motivadas por las dificultades financieras de la compañía y por su incapacidad para cumplir sus obligaciones, han aumentado los riesgos fiscales “al incrementar los pasivos contingentes y reducir el margen fiscal”. En concreto, para la organización “el mantenimiento del apoyo fiscal a Petroperú sigue siendo un riesgo importante”.

Esto seguirá así, recalca la OCDE, a menos que se adopte una estrategia creíble para restablecer la viabilidad de la compañía, en coherencia con las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, como, por ejemplo, integrando a Petroperú en el marco de propiedad de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), “tal y como se recomienda en Estudios Económicos de la Ocde: Perú 2023″.

Cabe recordar que solo hace unos días se conoció que las pérdidas de la petrolera estatal superaban el 50% de capital social, lo que obligó a convocar al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, y Ministerio de Energía y Minas (Minem), como miembros de la Junta General de Accionistas (JGA).