La imputación del exdirector del SENAVE y su correcta destitución por parte del presidente de la República, Santiago Peña, revela una realidad que desde hace tiempo afecta directamente a los consumidores paraguayos y a la libre competencia: la existencia de un esquema de corrupción que opera como un cartel, distorsionando el mercado frutihortícola, y causa que las familias paraguayas deban pagar más por productos básicos. 

Durante años, los mecanismos de autorización para la importación de frutas y verduras —como el AFIDI— han sido utilizados NO para garantizar la sanidad ni el orden del comercio, sino para beneficiar a intereses particulares mediante coimas y restricciones arbitrarias que limitan el ingreso legal de productos. Esta situación impide la competencia justa, encarece artificialmente los precios y perjudica tanto a comerciantes formales como a las familias paraguayas. 

Es momento de abrir un debate serio y valiente sobre la necesidad de reformar integralmente este modelo de gestión. No puede haber desarrollo económico ni bienestar social si el acceso a alimentos frescos y de calidad está condicionado por prácticas extorsivas. 

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el libre mercado y el acceso equitativo a productos de primera necesidad. Instamos a las autoridades a impulsar una transformación real, que deje atrás los intereses de unos pocos y priorice el derecho de todos los paraguayos a acceder a productos a mejores precios, con mayor calidad y en un entorno competitivo y legal.