Según señala el Decreto 179/2025 en sus considerandos, la aprobación del acuerdo se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional en los próximos años. Además, también destaca la necesidad de avanzar en la flexibilización del mercado cambiario -cuya explicitación es el cepo- para mejorar la eficiencia económica y facilitar la inversión a largo plazo. El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la firma de los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo. Por otra parte, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.

El acuerdo con el FMI tendrá un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y estará destinado exclusivamente a la cancelación de deudas preexistentes. El texto, sin embargo, no hace mención al monto. Se barajaba, hasta este momento, que sería de 20.000 millones de dólares, pero no hay precisiones.

Puntualmente, el programa permitirá cancelar: Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimiento más próximo; Obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.

Según señala el Decreto 179/2025 en sus considerandos, la aprobación del acuerdo se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional.

El decreto detalla que, al asumir la actual administración en diciembre de 2023, la economía argentina se encontraba en una situación crítica. Sin embargo, el decreto advierte que "la reconstrucción de la República Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía".

El anuncio del decreto, la semana pasada, generó reacciones inmediatas en el ámbito político y económico. Sectores oficialistas celebraron la medida como un paso necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales. Por su parte, algunos legisladores opositores cuestionaron la decisión de recurrir a un DNU en lugar de someter el acuerdo al debate parlamentario.