Desde el 15 de agosto del 2023, fecha en que asumió el Gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se produjeron 7.500 títulos de propiedad de la reforma agraria, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), con el economista Francisco Ruiz Díaz al frente de la institución.

A un precio promedio de 7.600 dólares la hectárea a valor de mercado, la inversión social del gobierno en la distribución de tierras asciende a la suma de 399 millones de dólares, en un poco más de un año de gestión.

Al respecto, el primer mandatario señaló que es la primera vez que la reforma agraria pasa de los papeles y del discurso a la entrega masiva de títulos de propiedad, como uno de los principales ejes estratégicos del Gobierno, en el marco de su política que apunta al desarrollo a través del impacto en la microeconomía rural, mediante la titulación de lotes de reforma agraria.

El resultado es de 600% más al promedio histórico, considerando que el número de títulos entregados en los últimos años es de 927 por año. Esto mediante la implementación del barrido predial masivo (BPM), que permitió la entrega masiva de títulos con los mismos recursos financieros y humanos de los últimos años.

La inversión en titulación de tierras del Gobierno es en un 56% superior a la inversión realizada durante toda la administración anterior, en que el valor de la inversión en 5 años fue de 255 millones de dólares a precio de mercado, contra los 399 millones de dólares en valor de los lotes titulados por la actual administración.

El valor logrado mediante la distribución de tierras es sobre las 52.500 hectáreas distribuidas desde el 15 de agosto del 2023, hasta el cierre de este año, según datos preliminares del ente agrario, sujetos a variación.

Si bien el valor de las tierras a precio de mercado llega a la cifra de 399 millones de dólares, el valor de las tierras distribuidas a precio de reforma agraria asciende a la suma de 26.550.000 dólares, considerando que el precio promedio de tierras a valor social de la reforma agraria es de 500 dólares por hectárea, en promedio.

A estos valores se debe agregar la decisión del Gobierno de reducir la tasa de interés por el fraccionamiento en el pago de los lotes, del 12% al 0% para las mujeres, a 15 años de plazo y del 12% al 4% para los varones, a 10 años de plazo, como una estrategia de fomentar el arraigo campesino y un acceso privilegiado a las mujeres para lograr una mayor equidad de género.

Con esta decisión, se redujo la morosidad y aumentó significativamente el porcentaje de títulos a nombre de las mujeres, fenómeno que va en aumento. Vale mencionar que antes de esta decisión, el 70% de los lotes se entregaba a favor de los hombres y apenas 30% a nombre de las mujeres. Actualmente, en la administración de Francisco Ruiz Díaz al frente del INDERT, se llega a alrededor de 60% de los títulos a nombre de las mujeres.

El impacto directo de la titulación de tierras es el arraigo, debido a que permite el acceso a otros beneficios brindados por el Gobierno, como las viviendas sociales, acceso a energía eléctrica, construcción de escuelas y hospitales en las colonias formalizadas, entre otros.

Adicionalmente, la titulación de sus tierras a los campesinos, propicia la inclusión financiera y social de los mismos, mediante el acceso al crédito en condiciones más competitivas, entre un 40 y 50% más, lo que redunda en una mayor rentabilidad de su producción y el aumento de esa producción en volúmenes y mejores resultados a nivel global.