La falta de coordinación internacional para imponer una reforma fiscal a las multinacionales acarrea “riesgos de evasión fiscal”, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe.

Firmado por un centenar de países bajo la dirección de la OCDE a finales del 2021, el acuerdo sobre una tasa impositiva mínima a empresas y un mayor reparto de los ingresos abonados por estos grupos está tardando en adoptarse debido al bloqueo en algunas regiones, como Europa.

“Nuevos datos de la OCDE revelan el riesgo de evasión fiscal” por parte de estos grandes grupos, advirtió la institución en su último informe sobre sus estadísticas del impuesto de sociedades.

El análisis se llevó a cabo en 160 países y jurisdicciones e integra las declaraciones de las actividades en cada país efectuadas por casi 7.000 empresas multinacionales.

Según el documento, los ingresos medios percibidos por un empleado son anormalmente más altos en las jurisdicciones que aplican una tasa impositiva nula a las empresas, frente a las que aplican una positiva.

El valor medio de los ingresos de un asalariado es de 2 millones de dólares ahí donde la tasa impositiva en los beneficios es nula, frente a los apenas 300.000 dólares en las jurisdicciones que aplican tasas superiores a cero, calcula la OCDE.

La organización muestra que, si se comparan los ingresos de grupos localizados en centros de inversión con las sociedades instaladas fuera, surgen indicaciones de posibles prácticas de explotación inadecuadas entre sistemas fiscales.

Según la OCDE, la situación es muy problemática si se toma en cuenta que el impuesto de sociedades es una fuente importante de recetas fiscales para la mayoría de los países, especialmente en las economías de mercado en desarrollo o emergentes.

En total, es en promedio de 18,8% de todos los ingresos fiscales de África y 15,8% de América Latina y el Caribe, frente a 9,6% de los países miembros de la OCDE, que agrupa esencialmente a países desarrollados.

Cabe recordar que 130 países y jurisdicciones, que representan más de 90% del PIB mundial, se adhirieron a la Declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal internacional en junio del 2021.