La Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley que pretende, en esencia, que Petróleos Paraguayos (Petropar), pueda adquirir combustibles sin intermediarios, a través de compras directas, lo cual posibilitará eliminar sobrecostos y que ello pueda traducirse en un menor precio de los carburantes para la ciudadanía.

La decisión del pleno fue aprobar el documento sin modificaciones, tal cual fue remitido por el Senado.

El proyecto es el “Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes 2.051/2003, de contrataciones públicas, y 6.355/2019, que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la ley 5.033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, y amplía las disposiciones de la ley 2.051/03, sus modificaciones, normas respaldatorias y modificatorias”.

El legislador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), desarrolló unas explicaciones acerca del por qué es oportuno respaldar la normativa.

Respecto a si esto hará que baje el precio final del combustible, señaló que “cuanta más competencia haya, más bajará la prima que oferten los proveedores, pues todos querrán competir con el mejor precio”.

En lo referente a la presentación de declaraciones juradas para ser proveedor de Petropar, que con el presente proyecto quedaría sin efecto, dijo que el punto es importante ya que existen empresas y proveedores extranjeros que no tributan aquí, además de las mixtas y gubernamentales que también quieren vender a Petropar.

“Los intermediarios compran productos en el mercado internacional y le vuelven a vender a Petropar. Presentan una acción de inconstitucionalidad para obviar la presentación de sus declaraciones. El consumidor busca siempre mejores precios, con calidad garantizada, y nuestra petrolera puede ofrecer eso, obligando a los privados a reducir también sus precios”, argumentó.

Agregó que este proyecto dará un beneficio consistente en ofertas más accesibles, porque habrá más competencia entre los proveedores. “Todos los combustible pueden tener mejores precios”, sentenció.

En otro momento, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), mencionó que las declaraciones juradas constituyen barreras y generan sobrecostos, pues obliga a tener intermediarios; y que otro aspecto positivo de la eventual ley es que transparentará la estructura de los otros productos derivados del petróleo.

“Los ciudadanos podrán saber cómo se construye el precio del combustible. Hay que explicar, además, que Petropar podrá competir de manera más eficiente con los emblemas privados”, dijo. 

A su turno, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), opinó que es fundamental buscar que la clase humilde tenga combustibles más baratos. Señaló que el documento tal vez no baje los precios inmediatamente, “pero después tendrá que bajar”.

Participó del debate la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien manifestó que en el interés de transparentar las compras públicas se ha cometido un abuso al pedir declaraciones juradas a cada socio de cada S.A., o de cada grupo proveedor del Estado.

Esgrimió que eso hizo que surjan acciones de inconstitucionalidad y que aparezcan “como hongos” los proveedores e intermediarios, muchos de ellos, de maletín.

Por otro lado, criticó que Petropar, teniendo tanques de sobra para guardar combustible, para cuando suban los precios, llamativamente, no lo hace.

En una línea crítica se manifestó la legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Central). Sostuvo que todos queremos que baje el combustible, “pero estamos ante una ley que solo será temporal”.

No soluciona el problema real, pero abaratará costos.