El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, se reunió con la titular de la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social (STP), Viviana Casco, en la sede central de la institución, con el fin de analizar y avanzar en un proyecto a través del cual se buscará promover la electromovilidad en el transporte público de pasajeros, que requerirá de una inversión de USD 20 millones. De la reunión también participó Silvia Morimoto, representante residente en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que promueve la presentación de este proyecto y, toda vez que se apruebe, estaría encargándose de su ejecución.

Al respecto, Juan Pablo Nogués, asesor externo de la Cartera Económica, sostuvo que para el efecto se identificó una posible entidad donante, que es NAMA Facility, una agencia que cuenta con fondos del Ministerio del Ambiente de Alemania, Dinamarca, Reino Unido y la Unión Europea, para captar e impulsar proyectos que apunten a la reducción de emisiones de efecto invernadero.

En esta línea, explicó que el Ministerio de Hacienda sería la institución facilitadora para la puesta en marcha de esta propuesta, a través de un financiamiento concesionario a los empresarios del transporte público del territorio nacional.

Asimismo, refirió que paralelamente se está estudiando la posibilidad de que parte de esta donación sea destinada a aportes para los transportistas que entreguen buses viejos, a fin de acceder a este beneficio.

Nogués expresó además que la donación para este proyecto, de alrededor de 20 millones de dólares, será entregada a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entidad que pondrá a disposición de los empresarios del transporte una línea de financiamiento mediante las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS), a través de las cuales se lograría un efecto multiplicador.

“La AFD pondría a disposición alrededor de USD 150 millones de dólares para los transportistas, quienes vendrían a repagar el crédito. Este proyecto pretende introducir 1.000 buses en un plazo de 10 años, y el costo final que el transportista privado tendría que apalancar sería USD 300 millones de dólares”, añadió el asesor de la Cartera Fiscal.

Entre las ventajas de utilizar buses eléctricos figura en primer término el factor económico, mediante la compra de electricidad nacional, que tiene un precio mucho más bajo que el diésel, según señaló Nogués. A esto se suman los beneficios directos para la salud de la población, considerando que estos vehículos no contaminan, es decir, no emiten azufre o monóxido de carbono.

“Esta tecnología impedirá además la fuga de divisas, es decir, todo lo que se compra en materia de electricidad se quedará dentro del país”, agregó.

Consultado sobre el parecer de los transportistas en este sentido, dijo que a través del Viceministerio del Transporte ya se han mantenido conversaciones con los empresarios del sector, quienes, asegura, manifestaron sumo interés en la propuesta.

“Considerando que el bus eléctrico tiene un alto costo, el sector transporte necesita que el Estado ofrezca también un financiamiento concesionario, que con el paso del tiempo permitirá un rédito económico mucho más factible que con los buses a combustión interna”, añadió.

En materia de implementación de esta tecnología del transporte a nivel regional, Nogués destacó la experiencia exitosa de Chile, que cuenta con una flota de alrededor de 3.000 buses en circulación. “Creo que Paraguay se encuentra en el mejor momento para avanzar en este proyecto, aprovechando la energía de sus hidroeléctricas”, concluyó.