Se trata de personas a quienes no se les ha titulado su lote por una interpretación incorrecta de la ley, explicó el titular del ente agrario, ya que lo que la ley busca es el arraigo de los campesinos y estas son personas que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios, pero el Estado tardó tanto en titular sus tierras y muchos de ellos ya son profesionales.

Tenemos alrededor de 500 casos que se quedaron estancados por tratarse de campesinos de segunda o tercera generación de los ocupantes originales, que ya no son personas sin ninguna formación profesional. Nacieron en las colonias, crecieron allí, ya son profesionales y se les ha negado el título de propiedades por ese motivo.

Ruiz Diaz señaló que ni siquiera se ha aplicado un criterio uniforme, ya que al lado de los lotes a cuyos titulares se va a formalizar, están también dos docentes con las mismas características, pero que ya cuentan con título de propiedad.

A raíz de esta situación se está trabajando un plan piloto en el que se establecerán criterios estandarizados, para que en el momento del relevamiento de los datos de los colonos, ya se puedan resolver los casos en los cuales los solicitantes son profesionales.

Ruiz Diaz también comentó que hay otros casos en que los excluidos son emprendedores formalizados con RUC, son aportantes al IPS o profesiones de otras ramas a quienes inexplicablemente se les ha negado el título, justamente por tener características que reflejan mejor el arraigo de los campesinos en sus colonias.

No podemos culpar a los campesinos por la negligencia del Estado, que ha tardado 40, 70 o 100 años para titular sus tierras. El Estado es culplable por tardar tanto tiempo y que ya haya cambiado la condición original del ocupante o que ya sea de segunda o tercera generación. "Esto es lo que estamos queriendo corregir", expresó Ruiz Diaz. 

Para el efecto emitió una resolución y se está diseñando un formulario para dar un trato uniforme a los casos que se presentan.