De los G. 9,1 billones desembolsados por los organismos y entidades de la Administración Central en concepto de la Inversión Social, el 33% se destinó al sector de la Educación, el 27% para Promoción y Acción Social, el 21% en Salud y el 15% en Seguridad Social.

En este contexto, tanto Educación como Salud y Promoción y Acción Social representan el 81% del total de los recursos que el Estado destina a los servicios sociales.

También es destacable que a mayo del 2019, la participación de la inversión social fue del 58%, es decir, G. 58 de cada G. 100 fueron destinados a servicios sociales. En tanto que el 42% restante se distribuyó entre los demás sectores de la clasificación funcional del gasto público como la  administración gubernamental, seguridad, sector económico, deuda pública, y regulación y control.

Del total de los recursos destinados a Inversión Social, el 65% fue financiado con Recursos del Tesoro Público, originados, principalmente, con la recaudación de impuestos. La prioridad fiscal de la Inversión Social a mayo de los últimos diez años (2010 al 2019) se mantuvo, en promedio, en el orden del 54%.

La Inversión Social es una clasificación del gasto público que permite contabilizar la cantidad de recursos financieros que el Estado destina a la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente, en educación, salud, protección social y vivienda.

La misma incluye la financiación de diversos programas sociales, que son la expresión de políticas públicas e iniciativas del Gobierno, orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.