La Cámara de Diputados revió su sanción inicial y quedó firme la versión de la Cámara de Senadores con respecto al proyecto de ley “Que modifica el artículo 10 de la Ley N° 5407/2015, Del trabajo doméstico”, iniciativa que estipula el salario para los trabajadores domésticos.

La versión de Senadores, sancionada el miércoles 19 de junio, establece el pago del salario mínimo a todos los trabajadores domésticos, mientras que la Cámara Baja, en primera instancia, había aprobado un salario equivalente al 70% del salario mínimo.

Para el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), lo aprobado es una norma populista. “Queremos dar un salario mínimo a las empleadas domésticas y los patrones solo ganan ese dinero; estamos mintiendo, en vez de ayudar, estamos perjudicando; no engañemos a esta pobre gente, no creemos falsas expectativas y no saquemos una ley para perjudicar”, significó.

Se estima que unas 220.000 mujeres trabajan como empleadas domésticas a las que los empleadores están obligados a pagar, actualmente, el 60% del salario mínimo (G. 1.267.537) o el equivalente por los días trabajados.

“Un grupo de mujeres viene luchando hace muchos años para conseguir esta igualdad que proclama la Constitución Nacional; largas luchas permitieron que el Paraguay supere estados de desigualdades; hoy es el momento de tomar una decisión y decir basta a la discriminación salarial; estamos a favor del salario mínimo, es un acto de justica con un sector trabajador de la población paraguaya”, dijo diputada Kattya González (PEN-Central).

En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), dijo que “otorgar el salario mínimo a las empleadas domésticas, no solo será un acto de justica, sino una reivindicación de igual trabajo, igual remuneración”.

“Esta es la ocasión que tenemos para reivindicarnos con las mujeres que cuidan a nuestros hijos; no es un derecho tener empleada doméstica, sí es un derecho tener salario mínimo; el que puede pagar tiene que tener servicio doméstico, y el que no, hace las tareas de la casa”, esgrimió por su parte la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), al defender el salario mínimo para los domésticos.

Por otro lado, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), defendió la versión primaria de la Cámara de Diputados. “Tomar una decisión como ésta sin, analizar el impacto real que puede tener, terminará siendo perjudicial”, dijo.

Los diputados Del Pilar Medina (ANR-Central) y Edgar Acosta (PLRA-Central), coincidieron que se debe legislar a favor de los más desprotegidos.

Conforme a datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, el 7,3% de las personas económicamente activas (PEA), se dedican al trabajo doméstico, lo que en números absolutos representa a cerca de 231 mil personas, que generan ingresos para sí y para sus familias.

De este total, 92% son mujeres, donde 3 de cada 10 son, igualmente, jefas de hogar. Se estima que cerca del 30% se encuentran en situación de pobreza, porcentaje que aumenta al 57%, en el caso de mujeres trabajadoras domésticas desempleadas y, a 38% de pobreza extrema.