Las Gobernaciones son las instituciones encargadas de planificar y efectuar las políticas de gobierno en sus respectivos territorios. Ellas son representantes del poder ejecutivo y disponen también de Juntas Departamentales, que son una suerte de poder legislativo regional. El Estado transfiere regularmente importantes montos a las Gobernaciones, por lo tanto, estas ya disponen de los recursos financieros necesarios para hacer frente a la mayoría de sus necesidades. 

La creación de Oficinas Departamentales impulsado por la Cámara de Diputados es un gasto superfluo e innecesario con un costo cercano a un millón de dólares anuales para el año 2018, según el informe elaborado para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), por la Consultora MF del economista Manuel Ferreira.

Para la Cámara de Comercio esto representa además de un despilfarro de recursos, una redundante superposición de funciones administrativas. Es más, las funciones de las Oficinas Departamentales se superponen con las funciones de la Gobernación, especialmente de la Junta Departamental, la instancia natural para generar las iniciativas de desarrollo de cada departamento. En todo caso, los diputados deberían articularse y trabajar de cerca con las respectivas Gobernaciones.

La creación de Oficinas Departamentales surge por iniciativa de los propios diputados y no responde a ningún plan, proyección o articulación con otras instituciones. Tampoco sigue una lógica de distribución, por ejemplo, una cantidad mínima de funcionarios por oficina o por departamento. Solo 23 diputados han creado o movilizado más de 100 empleos públicos que no se precisan ni cumplen funciones claras, precisas ni vinculadas al desarrollo del departamento, pues esta es la función principal de las Gobernaciones.

Por ello, la Cámara de Comercio, afirma que la escasa institucionalidad de la Cámara de Diputados termina provocando superposiciones e ineficiencias que afectan a toda la población y, sobre todo, generan costos suplementarios. Este esquema genera, además, una ineficiente distribución de funcionarios públicos que refuerzan la imagen de privilegiados de un sistema burocrático que crece sin saber hacia dónde va. 

La descentralización tan deseada solo será sostenible si se realiza desde las instituciones naturales, las Gobernaciones y Municipalidades. En esta instancia, la creación de Oficinas Departamentales de la Cámara de Diputados se asemeja más a una descentralización de los privilegios antes que una necesaria articulación con las demás instituciones.

Es inminente que el Estado paraguayo logre una serie de ajustes que permita controlar el gasto público, especialmente en cuanto al pago de salarios. Al mismo tiempo, debe pregonar por un  diseño institucional que evite la superposición de roles y funciones entre instituciones y funcionarios. Es esencial recordar a los diputados, que su función consiste en la de precautelar los intereses de todos los paraguayos y paraguayas y no la expandir la ineficiencia de sus privilegios.