Este proyecto tiene por objetivo instituir un régimen jurídico para la implementación del beneficio de la libertad caucionada en el ámbito penal, mediante la implementación de un Sistema de Monitoreo por Dispositivos  Electrónicos  de  Control  (SIMDEC).

Además,  establece  el  ámbito  de  su  aplicación,  los destinatarios o  beneficiarios del sistema,  las obligaciones y sanciones,  su  implementación  y  control interinstitucional.

Al respecto, el diputado Clemente Barrios (ANR-Paraguarí), titular de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social,  argumentó  que los articulados fueron modificados por una comisión conjunta integrada por autoridades del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior, órganos que estarían involucrados en el caso en que el documento fuera sancionado por ambas cámaras y posteriormente promulgado por el Ejecutivo.

A su turno, el legislador Eber Ovelar (ANR-Caaguazú), recordó que en el año 2013 ya se discutió un proyecto relacionado a los dispositivos electrónicos de control para su implementación dentro de lo establecido por el régimen procesal penal, pero que fue vetado en ese entonces.

Señaló que reformular el proyecto original dio la oportunidad de presentar un documento más ambicioso y enriquecido.

En esa misma línea, el parlamentario Bernardo Villalba (ANR-Concepción), indicó que la iniciativa es muy necesaria para la realidad legislativa y social, pero que hay algunos puntos que ajustar en cuanto a los articulados.

“Por hoy las penitenciarías en nuestro país están por encima de su capacidad de recepción de internos y existe un hacinamiento que viola desde todo punto de vista los derechos humanos; además estamos siendo observados por la comunidad internacional”, acotó.

Dijo que es urgente descongestionar las penitenciarías, por lo que mencionó que personas sometidas a un proceso penal y que eventualmente reúnan requisitos cuando se trata de ciertos delitos, podrían ser beneficiadas con la imposición de medidas sustitutivas o alternativas.

Igualmente, expresó que con la “pulsera o tobillera” se logrará  tener el control de la ubicación de manera permanente y se sabrá en donde están y lo que están haciendo.

Esgrimió que derivar el control y la implementación del sistema al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia, sería inapropiado, porque no podrán reglamentar la aplicación.

“Es bueno que la reglamentación y la capacidad de reglamentación se derive a la Corte Suprema de Justicia y no al Ministerio del interior, que tiene una participación mínima en cuanto a la ejecución de la sentencia”, expresó.

Solicitó la aprobación en general del documento tomando como base las modificaciones introducidas por la Comisión de Legislación, y dijo que cuando se dé la discusión de los artículos, se justificará el resultado de los estudios realizados en la comisión.

Nuevamente en uso de palabra, el legislador Barrios refirió que atendiendo el interés en que el documento tenga viabilidad y sirva de ayuda para que el hacinamiento se solucione, no se oponen a que se apruebe en general, pero recalcó la necesidad de analizar el documento en particular más adelante.

“Gran parte de lo que nos señaló el Titular de la Comisión de Legislación ya está inserto en las modificaciones que realizó un grupo de trabajo”, informó.

El Proyecto de Ley fue aprobado en general y aplazado por 15 días en su estudio en particular.