Así lo anunció oficialmente la vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, quien en conferencia de prensa destacó que se trata de una obra muy importante que, sin duda, va a tener mucho protagonismo y traer consigo mucha dinamización de la economía, principalmente porque significará un salto importante en términos económicos y sociales para la capital del Ñeembucú en los próximos años.

Según sus declaraciones, el proyecto contempla obras de construcción del sistema de desagüe pluvial, red cloacal, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, una avenida Costanera y un Parque Lineal, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Este es el primer paso, ahora se inicia formalmente la búsqueda del financiamiento que, de hecho, semanas atrás también habíamos anunciado que será a través del Fondo Saudí para el Desarrollo, unos USD 86 millones aproximadamente que servirán para generar empleo directo para unas 2.000 personas durante la ejecución del proyecto, unas 1.500 en la fase B que se compone de las obras de desagüe cloacal y pluvial, más la planta de tratamiento, y otras 500 para lo que hace la avenida Costanera y el Parque Lineal”, especificó.

En cuanto a la cantidad de beneficiarios, dijo que se estima unas 33.000 personas aproximadamente, reiterando que se trata del inicio de las gestiones para que esta mega obra sea una realidad.

Con respecto a lo que viene a partir de ahora, puntualizó que con el presente decreto se da inicio formal a las gestiones de financiamiento, luego viene la negociación del contrato de préstamo propiamente, donde se tendrán dictámenes técnicos tanto del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Contraloría General de la República y del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), como parte del procedimiento.

Así también –agregó- la Abogacía del Tesoro tendrá que dictaminar sobre la propuesta a fin de cumplir con todos pasos requeridos en este tipo trámites para que, finalmente, el Poder Ejecutivo pueda redactar el proyecto que será puesto a consideración del Congreso Nacional. Estimó que todos estos procesos durarán entre cinco a seis meses para finalmente proceder a lanzar el llamado a licitación.