Tanto los gremios como el ente regulador de los juegos de azar coinciden en que se requiere de una nueva ley para el sector, porque la actual es de 1997 y está desfasada. Recordemos que el 70% del presupuesto de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), viene delo recaudado de juegos de azar.

En audiencia pública realizada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados en la tarde de este martes 21 de noviembre, quedó claro que los actores del sector de juegos de azar necesitan la modificación de la ley que data de 1997, pero piden cambios profundos y no solo intervenciones a algunos de sus artículos.

La propuesta presentada en la audiencia modifica los artículos 8, 11, 13, 21, 22 y 23 de la Ley 1016/1997 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar y fue presentada por un grupo de diputados.

Participaron de la audiencia el actual presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, así como representantes de cámaras y asociaciones del sector, como también algunos corredores del juego de la quiniela.

Los intervinientes se refirieron a algunos artículos del proyecto que consideran con falencias, pero la mayoría coincidió en una revisión integral de la antigua ley. El más enfático fue el propio presidente de la Conajzar, quien dijo que “la modificación de la ley tiene que ser total, no parcial”, que la actual está totalmente desfasada: “ha sufrido muchos cambios, fue cercenada en varias ocasiones haciéndole poco favor a la institución, porque no se tocó hasta este momento el fondo de la cuestión”.

El tema de fondo, según su visión, es que la Conajzar, como ente recaudador, necesita una personería jurídica para una operatividad suficiente para enfrentar sus desafíos, como acabar con los juegos clandestinos. “Necesita autonomía y autarquía presupuestaria para poder abordar la problemática que justamente ustedes, señores diputados, corrigieron con la sanción de la ley 6903 en el año 2022 que da la potestad o la facultad a los municipios para otorgar los permisos a las máquinas de juego, que hoy es un descontrol total”, acusó.

A su tiempo, el doctor Javier Balbuena, especialista en la materia y director ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Juegos de Azar (APEJ), especificó que su sector también requiere que la modificación de la ley actual sea integral, amplia y completa. “Apostamos por un cambio verdadero y completo de la ley 1016/97”.

Coincidió en que la Conajzar necesita el otorgamiento de una personería jurídica y de presupuesto propio. “Sin ello, podemos tener varias empresas adjudicadas en los diferentes juegos, pero con un déficit importante en el control y la fiscalización de los diferentes juegos de azar, lo cual va a fomentar evidentemente el aumento del juego clandestino que es algo que se viene discutiendo hace bastante tiempo y que es un déficit en todo el país”, dijo.

También cuestionó que, en algunos artículos del proyecto presentado, se contempla un solo bingo por municipio, uno solo por departamento, y un solo bingo radial por municipio. Y que, por ello, “algunos artículos del proyecto de ley se contradicen en el espíritu en general. El proyecto no habla de los casinos que también tiene un déficit de reglamentación, de dónde deben instalarse los casinos en la República de Paraguay. Hasta hoy, en la ley vigente desde el año 1997, los casinos se adjudican por departamento, pero hay algunos casinos, algunos departamentos que requieren o que tienen la necesidad o las condiciones para instalar un casino, pero acá no se tomó en cuenta”.

Se informó también que hay otros proyectos de ley en la cámara esperando su tratamiento y a su vez, Liseras dijo que en pocos días más entregarán un nuevo proyecto. “El Estado paraguayo acompaña la desmonopolización de los juegos de azar. El Poder Ejecutivo, está estudiando la modificación total de la ley, en donde vamos a acompañar la desmonopolización, pero una desmonopolización efectiva y eficaz. Pero necesitamos que el abordaje sea integral. No podemos cercenar la ley como lo estamos haciendo hasta este momento”, subrayó.

Liseras añadió que se han desnudado varias falencias del proyecto de ley, que, de aprobarse como se presentó, “va a ser de cumplimiento imposible porque tiene errores en su redacción”.