Universalizan la pensión alimentaria a partir de los 65 años de edad

Publicado en fecha 19-09-2019
El proyecto de ley “Que amplía y modifica el acápite y varios artículos de la Ley N° 3728/09, Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

La iniciativa, presentada por la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), universaliza la pensión alimentaria para todas las personas a partir de los 65 años de edad, sin embargo estipula algunas excepciones.

Se deja de lado el requisito de “estado de vulnerabilidad social” y por consiguiente, también se obvia el trabajo del censo.

La legisladora Vargas de Caballero, explicó que el objetivo principal de su proyecto es que la pensión alimentaria tenga un carácter universal, es decir, cualquier ciudadano que cumpla los 65 años de edad, pueda acceder de forma automática a este beneficio, siendo el único documento habilitado, para el efecto, la cédula de identidad.

“Es momento de tomar una decisión para nuestros adultos mayores, que sean atendidos en sus reclamos y exista igualdad de oportunidades”, significó.

Entre las excepciones a dicha normativa estipula que no podrán acogerse a los beneficios de la pensión, las personas que tengan pendientes deudas con el Estado o reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social.

“En términos concretos, esto implica establecer normas, políticas y programas dirigidos a cumplir de forma inmediata conlas obligaciones mínimas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la aplicación progresiva y continua de los contenidos del derecho tutelado, y a no tomar medidas que impliquen un retroceso”, puntualizó la legisladora.

A pesar de su amplio respaldo, también hubo legisladores que, sin estar en contra del proyecto y reconociendo que existe una necesidad imperiosa de asistencia para el sector, dejaron escuchar sus inquietudes.

Uno de ellos fue el diputado Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), quien cuestionó que el proyecto no mencione de donde van a salir los fondos, atendiendo que la implementación del referido documento implicará un importante aporte del Estado.

El documento, tras su aprobación, fue remitido a la Cámara de Senadores para su consideración.