El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, presenta un déficit fiscal de USD 1.700 millones, que corresponde a la diferencia entre lo que pretenden gastar las instituciones estatales y las estimaciones de ingresos que el Ministerio de Hacienda realiza, menciona Julio Ramírez en la Revista Economía y Sociedad Nº 64 del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

Cabe mencionar que, esta cifra cumple con el parámetro de la Ley de Responsabilidad Fiscal.  También en los años anteriores se logró mantener el déficit por debajo de 1,5% del PIB, pero eso podría significar una ineficiencia en los gastos, ya que bien se podría llegar al tope del déficit fiscal aumentando los gastos no operativos y priorizando las inversiones que tengan mayor retorno económico y social.

Sin embargo, este argumento parecería contradecir la prudencia fiscal y alentar el gasto excesivo, pero países como el Paraguay necesitan urgentemente una mayor inversión física, incluso con déficits fiscales un poco más elevados que el promedio histórico. Esto es, siempre y cuando esos déficits sean el resultado de las inversiones físicas con niveles de gasto prudentes y controlables.

En ese sentido, en ocasiones entró en el debate la posibilidad de flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando que el vigente tope de déficit fiscal es uno de los más bajos en América Latina y no se sabe con exactitud cuál fue el criterio por el que fue establecido en ese porcentaje. 

El gasto total estimado para 2020 alcanza unos USD 14.300 millones, que suponen una suba de 7,5% con respecto a la cifra presupuestada para 2019. Esto no incluye la solicitud de aumento salarial de los docentes, entre el 12% y 16%, que implicaría una erogación de unos USD 130 millones y podría considerase el costo político del presupuesto.

Además, se deben sumar, todavía, el reajuste a los funcionarios que ganan el salario mínimo y los pedidos de subas salariales de policías, militares y jubilados. Pero, si se concede el aumento a los profesores, prácticamente no habrá espacio fiscal para otros gastos.

Esa situación obliga al Poder Ejecutivo a utilizar el Plan Financiero para controlar los gastos, pero este instrumento no permite que se recorten salarios y no alcanza al Poder Legislativo y Poder Judicial, los que manejan sus presupuestos discrecionalmente.

En un intento por eliminar los gastos superfluos, el proyecto del Ministerio de Hacienda busca reducir las categorías salariales y haberes complementarios.  Por ejemplo, disponiendo que los viajes al exterior de los funcionarios públicos deban ser en clase económica, con la sola excepción del presidente y el vicepresidente.

Un aspecto central del PGN 2020 es el perfeccionamiento de la metodología del Presupuesto por Resultados, lo que obliga a las entidades del Gobierno a afinar la fundamentación de los distintos programas, mejorar los indicadores de resultados, tener presente la participación de los involucrados en el proyecto y hacer más eficiente cada guaraní utilizado en la ejecución financiera para lograr los resultados esperados.

La idea es que los programas puedan monitorearse y evaluarse mejor, tarea titánica pero necesaria, considerando que permite el uso más eficiente de los recursos públicos. La idea es que, desde de 2021, los resultados de los programas públicos acompañen el proyecto de presupuesto anual y que, a partir de ahí, se evalúe si dichos programas deben seguir, ser modificados o no continuar.

En síntesis, el Presupuesto 2020 presenta reformas alentadoras en materia de calidad del gasto. Pero, en el marco de desconfianza de la sociedad con el Gobierno, solo el contraste con la realidad probará la verdadera eficacia de esas medidas.

La disconformidad de varios actores sociales por los episodios de despilfarro del dinero público y la baja calidad de los servicios públicos en las áreas de transporte, salud y educación, y la conmoción política causada por el manejo de la negociación de la energía eléctrica de Itaipú, crean un ambiente político poco propicio,  con consecuencias negativas sobre la inversión y el empleo.