La Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió fallo a favor del Estado paraguayo en el caso “Arrom, Martí y otros contra el Estado paraguayo”, durante su sesión de fecha 13 al 17 de mayo de 2019, realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde deliberó y adoptó sentencia en dicha causa. Sin embargo la notificación oficial recién se recibió hoy lunes 3 de junio del año en curso. 

Desde su creación y entrada en vigor en el año 1978, es la primera vez en su historia que la Corte IDH emite un fallo a favor de un Estado, señal de que el equipo jurídico del Estado paraguayo, encabezada por el Ministro Procurador General Dr. Sergio Coscia, ejerció una irrebatible defensa de primer nivel y altamente profesional, que en todo momento buscó precautelar los intereses del Estado paraguayo.

Es importante recordar que el pasado 7 de febrero de 2019, la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo ejerció su defensa ante la Corte IDH, durante una Audiencia Pública, en el caso Arrom, Martí y otros contra el Estado paraguayo. La delegación paraguaya que ejerció la defensa del Estado paraguayo ante la Corte IDH, estuvo encabezada por el Ministro, Procurador General Sergio Coscia e integrada por los procuradores delegados Renzo Cristaldo, Belén Diana y Pablo Rojas; además, Ricardo Merlo, Fiscal Adjunto responsable de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, del Ministerio Público y Marcelo Scappini, Director General de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, participaron Oscar Germán Latorre y Edgar Sánchez, en calidad de testigos propuestos por el Estado.

Posteriormente, el pasado 8 de marzo de 2019, la PGR hizo entrega de los alegatos finales escritos en tiempo y forma a la Corte IDH. 

Cabe señalar, que desde que se dio inicio al proceso en el año 2002, Paraguay ha respondido en tiempo y forma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso Arrom y Martí.

Dicha Comisión,  en fecha 5 de setiembre de 2017, luego de un largo proceso encontró al Estado paraguayo culpable por supuestamente haber sometido a Arrom y Martí a tortura y desaparición forzada de personas por parte de agentes estatales. 

La CIDH al tiempo de comunicar al Estado paraguayo el Informe de fondo N° 100/17 sobre el caso,  realiza recomendaciones al Paraguay con un esquema de reparaciones a favor de los peticionarios:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en aspecto material como inmaterial, adoptando medidas de compensación económica y satisfacción. 

2. Disponer medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de Juan Arrom y Anuncio Martí, y teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil,  pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en dicho país.

3. Reabrir y completar la investigación penal de manera diligente, efectiva.

En fecha 10 de noviembre del 2017 el Estado paraguayo comunica a la Comisión IDH que rechaza las recomendaciones contenidas en el Informe 100/17 con un escrito que esgrimía el fundamento de todo el largo proceso y sosteniendo sobre todo, debido a que los puntos alegados en las mismas no coinciden con los hechos probados en la investigación llevada adelante por los órganos de seguridad y jurisdiccionales internos.

Luego de treinta (30) días del rechazo estatal a sus recomendaciones por improcedentes,  la Comisión IDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte, el 12 de diciembre de 2017.

Siguiendo con el orden cronológico el 19 de enero de 2018, la Corte recibe el caso formalmente; y el 9 de febrero 2018 informa al Estado paraguayo sobre el sometimiento del caso ante su jurisdicción, otorgando un plazo de dos meses improrrogables para que las víctimas o sus representantes presenten su escrito con las solicitudes, argumentos y pruebas.

En fecha 3 de abril de 2018 el abogado de los demandantes, solicita que la Corte IDH dicte una sentencia contra el Estado paraguayo determinando, a más de las costas del proceso internacional y diversos procesos en Paraguay, el pago de daños materiales (lucro cesante, daño emergente) y daños inmateriales (daño moral) por la suma total de US$ 63.075.400 (sesenta y tres millones setenta y cinco mil cuatrocientos dólares americanos) para un listado de 24 presuntas víctimas (Anuncio Martí, Juan Arrom y los familiares de ambos).