Adicional a este desfinanciamiento del Presupuesto, la capacidad de solventar los compromisos asumidos desde el Estado se encuentra con un riesgo mayor, considerando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, acerca de la inconstitucionalidad sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las Cooperativas, así como la sentencia que habría emitido respecto a la devolución de impuestos a las agroexportadoras, los que de materializarse afectarán de manera significativa la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro.

La decisión adoptada por el Congreso Nacional, al aprobar un Presupuesto que no cuenta con el financiamiento asegurado para la totalidad de gastos autorizados, obligará al Ministerio de Hacienda a realizar recortes a las entidades cuyos programas dependen de los impuestos para su financiamiento.

Considerando que el Presupuesto aprobado destina el 93% de los impuestos a gastos rígidos (salarios, intereses de la deuda y pago a jubilados y pensionados), el margen para la aplicación de topes dentro del Plan Financiero es bastante limitado, lo que obligaría al Ministerio de Hacienda a definir las políticas públicas que se llevarán adelante en el 2018 y aquellas que deberán ser postergadas o restringidas en su ejecución.

El Presupuesto General de la Nación debe reflejar el compromiso en la provisión de bienes y servicios públicos que el Estado asume con la sociedad, para lo cual se debe ser responsable al momento de programar los gastos y que estos respondan a la capacidad que se tiene de financiarlos.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda ratifica su compromiso de cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en la etapa de ejecución presupuestaria y, por ende, con el manejo responsable y prudente de las finanzas públicas.