“El equipo del FMI y las autoridades paraguayas llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre las políticas necesarias para completar la segunda revisión del ICP, así como la solicitud de acceso a recursos financieros del SRS. El Directorio Ejecutivo del FMI discutirá estas solicitudes en las próximas semanas.

“Paraguay se está recuperando firmemente de la sequía del año pasado y se prevé que el PIB crezca en 4,5 por ciento en 2023, impulsado por un resurgimiento de la producción agrícola y de la generación de electricidad. La inflación ha caído rápidamente en los últimos meses, muy por debajo de la meta de inflación del 4 por ciento del Banco Central del Paraguay (BCP). Se espera que la cuenta corriente externa alcance un superávit del 0,2 por ciento del PIB en 2023, impulsada por la fuerte recuperación de los volúmenes de exportaciones agrícolas y la caída de los precios internacionales de los combustibles. Los riesgos para las perspectivas están equilibrados.

“El resultado fiscal a junio de 2023 indica que el déficit fiscal del gobierno central, el gasto primario corriente y los límites de deuda flotante incurrida neta estuvieron cerca de los objetivos. Sin embargo, la posición fiscal de 2023 resultará más débil de lo previsto originalmente este año, ya que el nuevo gobierno tiene la intención de registrar y regularizar en los próximos meses las reclamaciones pendientes acumuladas durante la pandemia de contratistas privados. Posteriormente, el déficit fiscal convergerá gradualmente al techo de déficit de la regla fiscal del 1,5 por ciento del PIB para el 2026.

“La postura de política monetaria decisiva del BCP, apoyada por una comunicación clara y transparente, colocó a la inflación en una firme tendencia a la baja. Dado que las expectativas de inflación se consolidaron en torno a la meta de inflación del 4 por ciento, el BCP redujo gradualmente su tasa de política monetaria. El ritmo cauteloso de relajación está justificado, dados los riesgos al alza para la inflación ligados a la volatilidad de los precios de los productos básicos y a las condiciones financieras globales que contribuyen a un dólar estadounidense fuerte.

“La mayoría de los compromisos de la agenda de reforma estructural del ICP se han cumplido. El gobierno incorporó al Sistema Integrado de Factura Electrónica Nacional (SIFEN) a un número de contribuyentes grandes y medianos por sobre el umbral previsto. Se promulgó el reglamento administrativo de la nueva ley de adquisiciones.  Se concluyó y presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para reordenar la estructura del Estado. Las autoridades están trabajando en una versión actualizada de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), y el gobierno está revisando un proyecto de ley destinado a la formalización de trabajadores dependientes en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y trabajadores independientes.

“Las autoridades se propusieron ampliar su agenda de reformas estructurales hasta mediados de 2025 abarcando el análisis de gastos tributarios, acciones en la gestión de las finanzas públicas para asegurar el registro de los gastos devengados, la promoción de alianzas público-privadas para obras públicas, acciones para combatir la corrupción, así como mejoras continuas en los sistemas de información de los programas sociales.

“Paraguay también solicitó formalmente financiamiento en el marco del SRS del FMI para seguir avanzando en su ambiciosa agenda de adaptación y mitigación climáticas. El nuevo mecanismo apoyaría los esfuerzos de Paraguay de aumentar la resiliencia de las inversiones públicas, movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país, descarbonizar su economía y conservar sus bosques.  Las medidas de reforma se coordinarán estrechamente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y otros socios internacionales. El mecanismo proporciona recursos con vencimientos más largos y términos asequibles, al tiempo que ayuda a catalizar financiamiento climático crítico de otros socios oficiales y privados.