En el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR), y la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE).

Suscribieron el documento, Sergio Coscia Nogúes Procurador General; Camilo Benítez Aldana Contralor General; Luis Cardozo Olmedo Ministro Auditor General; y el Director Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo F. Seitz Ortiz. 

Este Convenio tiene por objeto la conformación de una Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, como mecanismo para promover y fortalecer la cooperación técnica horizontal entre las partes, estableciendo para el efecto canales de comunicación concretos, líneas de acción destinadas a la transmisión eficaz de conocimientos e información clave, así como la identificación y adopción de mejores prácticas para el control y verificación de la ejecución de los contratos públicos.

Por tanto, las partes han acordado suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación, a los efectos de crear una Red Nacional de Supervisión de Contratos Públicos, el cual propicie la colaboración en el ámbito de la lucha contra la corrupción, y otros hechos irregulares dentro de las respectivas competencias de cada institución, así como la promoción de la trasparencia e integridad.

La PGR conforme a las atribuciones que le fueran conferidas en la Constitución Nacional tiene el deber de representar y defender, judicial y extrajudicialmente, los intereses patrimoniales de la República conforme a las leyes vigentes.

La DNCP tiene como misión regular, transparentar y optimizar el Sistema de Contrataciones Públicas y apoyar a todos los actores intervinientes, orientando la gestión a la excelencia.

La AGPE, tiene como misión ser un Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo. 

La CGR, tiene como misión ser un Organismo Constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio público en beneficio de la sociedad, y como visión ser un organismo de control confiable, reconocido por la efectividad de la gestión de control y como agente de cambio para la buena administración.