El sector de hidrocarburos sería uno de los grandes ganadores del combo de reformas que el presidente de Argentina, Javier Milei, pretende implementar con el DNU 70/2023 y el proyecto de “ley ómnibus” que envió al Congreso. En cambio, sectores dependientes de marcos normativos que se derogan, como el pesquero, se cuentan entre los perdedores. La industria manufacturera, en general, y las pymes en particular, también afrontarán desafíos.

El sector hidrocarburífero tendrá libertad absoluta para importar, exportar y definir precios, que tenderán a las paridades internacionales. "YPF venderá crudo a paridad de exportación (20 dólares más caro que el barril 'criollo') y naftas a paridad de importación (entre 50 centavos de dólar y un dólar de aumento por litro)", interpretó el especialista de la consultora Paspartú Juan José Carbajales. Se eliminará la preferencia para empresas públicas en las licitaciones.

"El plan energético va en la dirección correcta. En líneas generales, son buenas medidas para fomentar la inversión en el sector", analizaron en una petrolera. Todavía debajo del radar, la apertura a privatización de empresas públicas puede ser una gran oportunidad para las grandes corporaciones privadas del sector. Según cuentan en el sector, ya hay interesados en YPF Luz.

Las exportaciones de hidrocarburos seguirán tributando 8%, al igual que las de la minería. Si bien puede interpretarse como un incentivo a dos sectores estratégicos, el contraste con el impuesto a la exportación de productos elaborados es notorio. La minería, además, se vería beneficiada por cambios en la ley de glaciares.

En el sector destacan que el capítulo que promueve estabilidad fiscal y jurídica para grandes inversiones beneficiará a proyectos listos para hundir capital.

Buena parte de la amplísima cartera de asociados a la UIA se llevaría la peor parte. Las exportaciones manufactureras pagarán 15% de retenciones, mientras que hoy tributan 4.5% los insumos básicos, 3% los insumos elaborados y hasta 0% los bienes finales (la industria automotriz, por el incremento exportado).

Esa propuesta (con potestad al Ejecutivo para mantenerlas hasta el 9 de diciembre de 2027) se suma a las derogaciones de la ley de Compre Nacional y el programa de Desarrollo de Proveedores del DNU. Este último permitía articular un entramado pyme para abastecer a sectores estratégicos, como el litio. La industria del tabaco, además, pagará más impuestos internos. Las grandes farmacéuticas advierten que la liberalización del DNU promoverá la importación de genéricos de India y China.

El agro se quejó por la suba de retenciones al trigo, el maíz y el girasol, entre otros que tributarán 15 por ciento. Las cerealeras, por la equiparación de los derivados de la soja al 33% del poroto. El Consejo Agroindustrial, que encabeza la industria agroexportadora, manifestó "preocupación". El combo DNU / proyecto de ley quita restricciones a la compraventa de tierras y flexibiliza los supuestos ambientales para deforestar.

La pesca (también gravada con 15% de retención) se anota entre los perdedores. El proyecto de ley flexibiliza el ingreso de buques de bandera extranjera y el origen de la mano de obra, lo que podría dar lugar a empleo precarizado, advierten en el sector.

Las fintech son otros grandes ganadores, en perjuicio de los bancos (que tendrían vía libre para cobrar comisiones a comercios por tarjetas de crédito).