La mesa técnica que analiza la propuesta de Ley de Libranzas determinó la creación de una Central de Análisis de Riesgos, la cual contendrá datos de los usuarios del sector comercial, de manera a que las casas de bienes y servicios puedan acceder al índice de endeudamiento de sus consumidores o potenciales clientes, según informaron los participantes de la reunión que se llevó a cabo.

El diputado José María Ibáñez (ANR-Central), proyectista de la Ley de Libranzas, explicó que la Central de Riesgos es una figura clave en el documento y que la ausencia de este sistema permitió el sobreendeudamiento de las personas.

“Esta central permitirá definir hasta qué rango un usuario puede endeudarse en el sistema comercial. Hoy día, en este ámbito no existen registros de cuánto debe una persona que compra artículos o adquiere servicios vía descuento. Ésta será una contribución importante para el régimen comercial y también un mecanismo de autocontrol para el ciudadano”, indicó el legislador.

Sobre este punto, algunos sectores se mostraron cautelosos con que la Cámara Paraguaya de Libranza (Capali), forme parte del sistema de prevención de riesgos.

El diputado Ibáñez consideró razonable esto, atendiendo a que convertiría a la Capali en juez y parte; por lo que este punto seguirá siendo debatido por la mesa técnica.

Cabe mencionar que la Central de Análisis de Riesgos podrá tener intercambio de información con su par en el sistema financiero, precisó, además, el impulsor de la norma.

El diputado José María Ibáñez indicó que una de las principales preocupaciones que motivaron este proyecto de Ley son las tasas usurarias, así como la falta de limitación de las mismas.

“Hoy día, ofrecer créditos más allá de los límites establecidos por Ley, lo ubican a uno en el lugar de usurero; sin embargo, vender bienes y servicios por encima de las tasas establecidas no es usura. Esta legislatura nos permitirá establecer los límites máximos dentro de los cuales la libranza puede operar sin cometer usura, sin que esto permita disfrazar las operaciones comerciales”, argumentó.

En cuanto a las comisiones, éstas serán reguladas vía decreto reglamentario de la autoridad de aplicación, acotó el congresista.

Otro tema debatido fue el capital mínimo que deben tener las empresas para operar vía libranza, el cual deberá ser de 130 millones de guaraníes, mínimamente, para empresas de responsabilidad individual.

Po su parte, Gabriel González, de la Asociación de Entidades Intermediarias Financieras, refirió que con esta Ley las operaciones de libranza serán más claras y los contratos de este tenor deberán establecer montos de transacción; tasas de interés; comisiones; formas de pago; precios finales; y otros ítems.

La propuesta en cuestión ya fue analizada en un 50 % y se espera que en aproximadamente 22 días se logre un documento acordado por los diversos sectores.