Las dos partes hicieron el anuncio en Cuba, donde iniciaron las negociaciones en el 2012 y el mismo país en donde Fidel Castro puso en marcha una revolución comunista que ha inspirado a las insurgencias guerrilleras en todo el hemisferio. Colombia, una nación de 50 millones de habitantes y uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina, es el único lugar del continente donde las guerrillas aún luchan.

“La guerra ha terminado”, dijo Humberto de la Calle, negociador principal del gobierno.

Bernard Aronson, enviado estadounidense a las conversaciones de paz, lo describió como “el capítulo final de la guerra fría en el hemisferio”. Más de 220,000 colombianos han muerto en la lucha en lo que va del último medio siglo, y casi 7 millones han sido desplazados de sus hogares.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos se mantiene para que el acuerdo de paz se cumpla: los votantes colombianos deben ratificar el acuerdo en una votación, anunciada para el próximo 2 de octubre, y que se perfila como un enfrentamiento entre los dos rivales políticos más prominentes del país.

El presidente Juan Manuel Santos, quien ha apostado su legado en el acuerdo de paz, hará campaña para que los colombianos lo aprueben. Su némesis, el expresidente Álvaro Uribe, lidera el impulso de hundir el acuerdo. Uribe y otros críticos indican que favorece a los líderes de las FARC, cuyas tácticas de guerra incluían el secuestro, el tráfico de drogas y el asesinato. Según cifras oficiales, las FARC tienen en sus filas a 7,000 combatientes.

En los últimos 15 años, el ejército colombiano, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, desató una ofensiva que diezmó las tropas del movimiento insurgente y replegó a sus combatientes pero sin lograr derrotarlos, lo que puso a las partes en la necesidad de sentarse en una mesa de diálogo como la desarrollada en La Habana. Los rebeldes tendrían 180 días para desarmar totalmente bajo los términos del acuerdo.

Algunos detalles de varios aspectos críticos del plan de desmovilización no se han hecho públicos. Un punto de preocupación para los comandantes de las FARC ha sido el traslado de sus combatientes, que viven en las montañas, a campamentos de la ONU. Ellos han sido reacios a hacer el traslado antes de que finalice el plebiscito, por temor a que si falla, los rebeldes podrían quedarse atrapados en los campamentos y parcialmente desarmados.

En el país quedaría operando el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque el gobierno de Santos también busca negociar la paz con ese grupo rebelde.