Las millonarias pérdidas de fondos previsionales que sufrieron varias Cajas en el pasado, así como el riesgo de que estos eventos vuelvan a suceder por la falta de una entidad reguladora que alerte sobre eventuales amenazas y que establezca los resguardos necesarios, son algunos de los motivos de la propuesta del Ejecutivo para crear una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Economía. 

El proyecto de Ley establece el marco apropiado de actuación financiera de las entidades previsionales públicas y privadas, crea el supervisor y regulador de jubilaciones y pensiones con las herramientas mínimas que permitan su adecuada supervisión. La Superintendencia no intervendrá en las estrategias de cada Caja para la colocación de sus inversiones, las elecciones de sus directivos y otras decisiones sobre su funcionamiento, que continuarán siendo de absoluta responsabilidad y autonomía de cada una de las cajas previsionales y de sus afiliados. 

Es importante aclarar que ningún fondo de pensiones público puede ser confiscado por el Estado, puesto que estos son de administración estatal y su objetivo claro es que estén exclusivamente destinados a financiar los beneficios comprometidos con sus aportantes. En el caso de una entidad privada, es aún más claro que el Estado no puede tocar los fondos. 

El actual Gobierno no busca ningún beneficio específico con este proyecto, sino más bien aportar al país una política pública que precautele el bienestar de los aportantes de las Cajas Previsionales, puesto que el tiempo que pueda demorar su tratamiento en el Parlamento y su eventual vigencia, así como el plazo previsto en el propio proyecto de ley para la adecuación que es de un año y medio, harán probablemente que sea el próximo Gobierno y no éste el que tenga la responsabilidad de avanzar con el pleno funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones Pensiones, que cuide el dinero de los aportantes.