El último informe de la FAO,  El Estado de la Alimentación y la Agricultura 2015 (SOFA, por sus siglas en inglés) destaca que los programas de protección social dirigidos a las mujeres tienen mayores efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición.

 

"Esto ocurre ya que refuerzan su control sobre los ingresos, aumentando el bienestar familiar, lo que es especialmente importante porque la malnutrición materna-infantil perpetúa la pobreza de una generación a otra", explicó Claudia Brito,

 

El SOFA destaca que  muchos programas de protección social se dirigen a las mujeres porque la investigación demuestra que otorgarles mayor control sobre el gasto del hogar conduce a mayores gastos en alimentos, salud, educación, ropa y nutrición para los hijos.

 

Se necesita protección social con enfoque de género en América Latina y el Caribe

"La protección social contributiva existente en la región es muchas veces inadecuada para la mujer trabajadora, en especial en las zonas rurales" -explicó Brito, quien señaló que estos sistemas privilegian a los varones, desatendiendo ampliamente los retos particulares de las mujeres, como la  maternidad, su mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas y su empoderamiento y autonomía  económica debido a un menor acceso a activos, servicios y tiempo.

 

Según la FAO, en muchos países las instituciones de la previsión social se configuran para proteger al "proveedor masculino" y a su familia, subordinando el acceso de las mujeres a la protección social a través de sus maridos.

 

En Chile, por ejemplo, las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y los Aportes Previsionales Solidarios (APS) se otorgan  a partir del ingreso familiar y no del ingreso individual de las mujeres, menoscabando así su autonomía económica frente al cónyuge o conviviente.

 

Diferente es el caso de los programas de transferencias condicionadas de ingresos, ya que los gobiernos de la región han puesto a las mujeres el eje central en su implementación.

 

"Por diseño son las mujeres quienes preferentemente reciben y administran las transferencias. En Brasil, por ejemplo, dicho mecanismo de implementación está establecido por ley", señaló Brito, quien agregó que el 94% de los beneficiarios  de Bolsa Familia –el principal programa de transferencias monetarias de Brasil- son mujeres.

 

Sin embargo, la FAO advierte que las transferencias no solucionan la raíz del problema: la desigualdad de género en el acceso al empleo remunerado, y por ende, a garantías individuales de protección social.

 

Según la FAO, en Brasil la Constitución de 1988 permitió a la mujer rural tener acceso a la jubilación (independiente del hecho de estar casada) y a otros beneficios como la jubilación por invalidez, pensiones de vejez, licencias por enfermedad y maternidad.

 

"La ampliación del alcance de la protección social en el ámbito rural ha sido una de las grandes conquistas de Brasil, y un ejemplo para la equidad de género", señaló Brito.

 

Todavía existen, sin embargo, varios desafíos en cuanto a la equidad de género en Brasil: la jubilación rural de las mujeres aún es desigual tanto en términos de acceso como en los montos recibidos. Esto incluye el problema de que a pesar de su contribución diaria en el campo, muchas mujeres no se identifican como trabajadoras de la agricultura familiar si no como amas de casa, lo que las excluye de los beneficios establecidos especialmente para este sector productivo en la ley brasilera.

 

Chile reconoce el trabajo reproductivo de las mujeres en la protección social contributiva

A finales de la década del 2000 la Reforma Previsional (Ley 20.255 de 2006) abordó explícitamente las desigualdades de género en el acceso a la protección social, un paso importante para la igualdad de género.

 

La reforma incluyó mecanismos compensatorios para reconocer y cubrir el trabajo reproductivo de las mujeres, a través de las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) de vejez e invalidez para personas que no han trabajado en forma remunerada o no han cotizado durante su vida laboral, y los Aportes Previsionales Solidarios (APS) para personas cuyas pensiones autofinanciadas son muy bajas.

 

A estas medidas se sumaron el bono por hijo o hija,  la división de saldos acumulados en las cuentas individuales de los cónyuges en caso de divorcio o nulidad,  y el ahorro voluntario, figura que beneficia a las mujeres cuyo trabajo no es remunerado a través de aportes proporcionados por un familiar que trabaja en forma remunerada.