La diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), proyectista del documento, explicó que la idea es impedir el desalojo cuando la demanda sea dirigida a desalojar al padre, madre y/o abuelos, teniendo en consideración el estado de vulnerabilidad o de abandono y siempre que exista un dictamen del defensor de pobres y ausentes en tal sentido.

El proyecto se basa en la Constitución Nacional que en el Art. 57, -De la Tercera Edad- establece cuanto sigue: “Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”.

Aseveró la legisladora que es de extrema urgencia, articular mecanismos de protección de personas ancianas o discapacitadas, las que por fuerza del destino o por desavenencias surgidas con sus descendientes, son desalojadas de sus propias viviendas, en muchos casos, en base a engaños, quedando éstos como consecuencia del desahucio, en total estado de vulnerabilidad, desprotección y abandono.

“Muchos adultos mayores son discriminados por sus propios hijos o familiares; otros son depositados en hogares públicos y privados, alejados de los afectos; y hay también casos que las tarjetas para el cobro de subsidios les son secuestradas, y lo que más duele es que muchos de estos abusos provienen de los propios allegados”, significó la diputada Del Pilar Medina.

Sometido el proyecto a votación, recibió un amplio respaldo de la plenaria y fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.