El Poder Ejecutivo objeta en su totalidad el Proyecto de Ley N° 6.558/2020, «Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013, "Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos", y su modificatoria Ley N° 6355/2019», sancionado por el Congreso Nacional, el 9 de junio de 2020.

En el considerando, el Decreto menciona que a criterio del Poder Ejecutivo, existen fundamentos suficientes para la objeción total del Proyecto de Ley sobre la base de fundamentos constitucionales y de argumentos que hacen a una política adecuada de transparencia y combate a la corrupción, , principios propios de una democracia republicana, reconocida en el mismo preámbulo de la Constitución.

Señala además que la obligación constitucional de todos los funcionarios y empleados públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, no solo resulta compatible, sino que es consustancial con los postulados de publicidad, responsabilidad y transparencia de todo sistema republicano de gobierno.

Añade que la limitación de este mecanismo de control, así como la flexibilización del régimen de responsabilidades que competen a los agentes públicos, contraviene los principios sobre los cuales se asienta nuestro régimen constitucional.

El decreto menciona que el proyecto de ley pretendía establecer que la declaración jurada presentada ante la Contraloría sea un acto unilateral, del que no derive decisión sobre proceso alguno, por tanto, la misma quedaba exceptuada como testimonio, y no podría ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial. El proyecto de Ley también consideraba que la responsabilidad que emerge en todo lo relativo a declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, es de carácter netamente administrativa. Todos estos argumentos fueron totalmente rechazados por el Ejecutivo.

Refiere además que con esto se podría producir un indeseable debilitamiento de las consecuencias jurídicas de la obligación constitucional mandatada por el artículo 104 de la Constitución, al convertir la responsabilidad relativa a las declaraciones juradas en una cuestión de «carácter netamente administrativo», cuestión que traería consigo una afectación al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sean estos servidores públicos o no y enervaría el poder de actuación del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales.

Además de otros aspectos constitucionales esgrimidos por el Ejecutivo, el decreto señala que en una democracia constitucional recae sobre los gobernantes la obligación de promover valores como la publicidad, la transparencia, la responsabilidad y el combate de la corrupción.

“En este sentido, cualquier legislación contraria a estos fines y que pretenda morigerar las consecuencias jurídicas de las obligaciones previstas para los servidores públicos y dificultar la actuación de la justicia, resulta claramente incompatible con la Constitución de la República del Paraguay”, expresa el documento por el cual el Ejecutivo rechaza totalmente el mencionado proyecto de Ley.