Al cierre del ejercicio fiscal 2019, la Inversión Social de la Administración Central alcanzó G. 24,3 billones, equivalentes a USD 3.755 millones, cifra que es 13,2% (USD 438 millones) superior al monto registrado a diciembre del 2018, de acuerdo con el Informe de Gasto Social, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda.

Del total del monto desembolsado por los Organismos y Entidades (OEE) de la Administración Central en concepto de Inversión Social, el 33% se destinó al sector de Educación, el 22% a Promoción y Acción Social, el 21% a Salud, el 20% a Seguridad Social y el resto a Otros.

En este contexto, Educación, Salud, y Promoción y Acción Social representan el 76% del total de los recursos que el Estado destinó a los servicios sociales durante el periodo fiscal 2019.

En este período de análisis la inversión social se incrementó en G. 2.835 millones  comparada con el periodo del 2018, de los cuales el 40% fue en Seguridad Social, el 24% en Educación y el 21% en Salud. La ejecución acumulada al término del 2019 muestra un aumento en todos los sectores sociales.

A diciembre 2019, la participación de la inversión social fue del 57%, es decir, 57 de cada 100 guaraníes fueron destinados a servicios sociales. El 43% restante se distribuyó entre los demás componentes de la clasificación funcional del gasto público como administración gubernamental, seguridad, sector económico, deuda pública, y regulación y control.

Del total de los recursos destinados a la Inversión Social, el 65% fue financiado con Recursos del Tesoro Público, originados, principalmente, con la recaudación de impuestos. La prioridad fiscal de la Inversión Social, a diciembre de los últimos diez años (2010 al 2019), se mantuvo en promedio en el orden del 53%.

La Inversión Social es una clasificación del gasto público que permite contabilizar la cantidad de recursos financieros que el Estado destina a la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente, en educación, salud, protección social y vivienda. La misma incluye la financiación de diversos programas sociales, que son la expresión de políticas públicas e iniciativas del Gobierno orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.