Congreso Nacional tendrá que analizar la adenda al Proyecto de Ley de PGN

Publicado en fecha 29-10-2019

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional la adenda al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2020.

La adenda incorpora principalmente reasignaciones de recursos estimados en el proyecto original y ajustes en la estimación de recursos institucionales, realizadas en base a las solicitudes presentadas por los distintos Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Las modificaciones se refieren a reprogramaciones dentro del monto remitido originalmente por el Ministerio de Hacienda. Algunas de las modificaciones afectan al Ministerio de Justicia, con la creación de 170 cargos a concursar para los agentes penitenciarios, Banco Nacional de Fomento, con la creación de 110 cargos en el Anexo de Personal y su correspondiente aporte patronal para cubrir la apertura de nuevas sucursales bancarias, la Universidad Nacional de Asunción, con el efecto año completo de las nivelaciones salariales de los cargos Docentes de Gestión Académica y de Aula, aprobados por Ley de Presupuesto del año 2019, como así también las categorías «S» de la Facultad de Ciencias Médicas, en base a las necesidades institucionales y de las demás Unidades Académicas, y la incorporación de personal técnico y profesional para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En relación a las inversiones y otros gastos de las empresas públicas, en la ANDE se incorpora el préstamo de la Corporación Andina de Fomento, aprobado en julio, en Petróleos Paraguayos (Petropar) se reasignan recursos para la adquisición de bienes de cambio e inversión física y en la Industria Nacional del Cemento (INC) se redistribuyen recursos necesarios para mantenimientos y transportes de mercaderías, entre otros.

Finalmente se contempla el financiamiento del Fondo de Garantía para la Vivienda, con recursos correspondientes a la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y recursos para el financiamiento de los trabajos preparatorios en el marco de la organización de los próximos “XII Juegos Suramericanos Asunción 2022”, evento deportivo de la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR).

En total el monto adicional incorporado al anteproyecto de presupuesto es de G. 749 mil millones aproximadamente, con lo que el presupuesto total alcanza el monto de G. 86,2 billones. El adicional es financiado principalmente con recursos del Crédito Externo (FF.20), y en menor medida con Recursos Institucionales (FF.30) y del Fonacide – Infraestructura.

Por otro lado, también se incorporan artículos al Proyecto de Ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2020”.
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de soluciones habitacionales, en cuanto al acceso a una vivienda digna, se incorpora una autorización para utilizar el 50% de los recursos previstos en el Artículo 3º inciso d) de la Ley del Fonacide, para la constitución de un Fondo de Garantía para la Vivienda, que se refleja en la programación de gastos respectiva.

Se excluye de la descripción del Objeto del Gasto 133 las “Gratificaciones” en atención a la prohibición del pago de las mismas, y se establece expresamente que los OEE ajustados a los lineamientos del Poder Ejecutivo para la elaboración de la matriz salarial, no podrán abonar la bonificación por grado académico ni por antigüedad. Así también, se incorpora en la descripción del Objeto del Gasto 144 «Jornales» la posibilidad de contratar con dicho rubro a educadores comunitarios, para prestar servicios en instituciones indígenas.

Se unifican los plazos de presentación de informes de rendición de cuentas por parte de los organismos y entidades que reciben y administran recursos del Fonacide a la Contraloría General de la República, en periodos cuatrimestrales, para reducir trabajo administrativo duplicado.

Se incorpora una excepción de manera a permitir que los agentes penitenciarios puedan percibir hasta la suma de G. 1.000.000 en concepto de «bonificación por responsabilidad en el cargo por labores insalubres y riesgosas», sin que se encuentren limitados por el tope del 30% establecido para el cobro de las bonificaciones, permitiendo la estandarización del cobro de dicho beneficio entre los agentes que realizan la misma labor de riesgo en todos los centros de reclusión del país.

Además, en el marco de la implementación de la nueva estructura programática enfocada a Presupuesto por Resultados, se establece una correspondencia entre a las denominaciones contempladas en la nueva Clasificación Programática propuesta para el ejercicio fiscal 2020 y las diferentes disposiciones legales vigentes referentes al destino de los recursos, a los efectos de precautelar el cumplimiento de las leyes.