Antes de la votación en el Parlamento británico sobre la opción de dejar la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 29 de marzo, el ministerio de economía publicó la política comercial que adoptará en este escenario durante un periodo temporal inicial de un año.

Según este departamento, 87% del valor de las importaciones que llegan a Reino Unido desde todo el mundo disfrutaría de un acceso libre, sin aranceles, para “minimizar el costo para empresas y consumidores”.

Pero 13% de los productos que sí pagará aranceles, en sectores donde el gobierno británico cree necesario “proteger las industrias más vulnerables”, incluyendo la agricultura, ganadería y los fabricantes de automóviles.

Según un análisis de Expansión, esta nueva estrategia comercial tendría un efecto negativo para varios grupos españoles que ahora aprovechan la presencia de Reino Unido en el mercado común y la unión aduanera para vender libremente sus mercancías en este país. Cada año, las empresas españolas exportan bienes por 18,000 millones de euros al territorio británico. Con el nuevo modelo, empresas europeas y del resto del mundo tendrán el mismo tratamiento a la hora de acceder a los consumidores británicos.

En el sector del automóvil, los más de 60.000 coches que Seat (filial española de Volkswagen) comercializa cada año en el mercado británico se verían sometidos a una tarifa de 10%, al igual que el resto de vehículos extranjeros. Esto también afectará a fábricas de otras multinacionales en España que envían parte de la producción a Reino Unido. En total, los británicos compran cada año automóviles españoles por 4.000 millones de euros. No habrá tarifas para las piezas que importan las plantas británicas de coches.

Inditex, que tiene unas 80 tiendas en Reino Unido (la mayor parte de Zara) con ingresos de 800 millones de euros, tendría que empezar a pagar un arancel de 12% por las prendas que confecciona en España y vende en esos establecimientos. El mismo coste afrontarán Mango o Desigual, que también tienen tiendas en ese mercado.

Los productos de cerámica de Porcelanosa y otras azulejeras españolas afrontarán un suplemento de 5% en el caso de un Brexit sin acuerdo.

En el terreno de la alimentación, la carne de cerdo, pollo, ternera y cordero, así como el pescado (incluyendo el atún en conserva) se verán sometidos a tarifas. La nueva restricción afectará al jamón español, que deberá pagar una cuota de 10,2 euros por cada 100 kilogramos que lleguen de este producto sin deshuesar a Reino Unido, afectando a grupos como Osborne y su marca 5J. La fruta y verdura seguirán teniendo acceso libre, excepto los plátanos, a razón de 11,4 euros por cada 100 kilogramos. El arroz, el azúcar, el queso y las legumbres también tendrán aranceles.

Otras mercancías que afrontan tarifas si hay un Brexit sin acuerdo son el papel de aluminio, los fertilizantes, el ron y los neumáticos.

Firmas españolas como las bodegas no afrontarán tarifas, pero pasarían a competir de igual a igual con los productores de vino de fuera de la Unión Europea. Según las normas de la Organización Mundial del Comercio, los países deben establecer las mismas tarifas para el resto de países, salvo que tengan un tratado de libre comercio.

Durante el año de vigencia de estas tarifas, el gobierno británico desarrollará un proceso consultivo para comprobar si es necesario mantenerlas o abandonarlas.

La patronal británica CBI ha arremetido contra el plan arancelario del gobierno. Su directora general, Carolyn Fairbairn, dijo en la BBC que “se trata del mayor cambio en los términos comerciales del país desde mediados del siglo XIX, sin ninguna consulta con las empresas y sin tiempo para prepararse”.

Además del aumento de costo de las importaciones, los aranceles pueden generar retrasos en las entradas a Reino Unido de las mercancías al afrontar controles aduaneros. Las empresas españolas llevan varias semanas aumentando su inventario en el país por temor a un colapso en los accesos del país el próximo 29 de marzo.

Este escenario no se producirá si hay un Brexit pactado, que incluiría un periodo de transición hasta el 2021 en el que se mantendrá el acceso libre mutuo entre Reino Unido y la UE. A partir de ahí, la relación arancelaria dependerá del tratado comercial que negocien las dos partes.