Una ley del año 2.000 prevé la confiscación de todos los bienes de las aguateras privadas luego de 10 años de servicio y no permite tampoco que sus activos sean entregados en garantía a los bancos para obtener créditos, dijo Pablo Candia, electo como  nuevo titular de la Cámara Paraguaya del Agua (CAPA) que hoy domingo realizó su asamblea ordinaria.

“La falta de agua en diversos lugares del país es un problema que se agrava en verano desde hace muchos años y el nuevo gobierno debería buscar una salida. La ley 1.614 en el año 2.000 prevé la confiscación GRATUITA de todos los bienes muebles e inmuebles de las aguaterías luego de 10 años de prestación del servicio. Además no permite que los bienes de las aguateras se utilicen para garantizar los créditos que necesita el sector para mejorar y ampliar el servicio de agua potable Estas trabas legales son un importante freno a las inversiones privadas para mejorar y ampliar el servicio”, dijo Candia.

El titular de la CAPA, que nuclea a los aguateros privados,   expresó que el Estado no ha invertido lo suficiente en los últimos años en agua potable y tampoco ha facilitado que el sector privado invierta y que es necesario una definición sobre el tema.

“Nosotros queremos seguir invirtiendo en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura del sistema de agua potable, como  también adecuarnos a lo que dice el marco regulatorio para lo cual solicitamos al gobierno la urgente modificación de la ley 1.614,  pedimos se elimine la confiscación a titulo gratuito de los bienes de las aguateras y se elimine la inembargabilidad de sus activos de forma a poder usarlos como garantía de préstamos como lo hace cualquier empresario de otro sector. Somos posiblemente los únicos empresarios del mundo que no pueden usar sus activos para respaldar una asistencia financiera”, afirmó. 

Candia también dio que los empresarios privados del sector agua están preocupados por la sobreexplotación del acuífero Patiño y su contaminación por lo que han solicitado al Ministerio del Ambiente participar de la mesa de trabajo conformada para estudiar la situación del acuífero en búsqueda de soluciones.

“De no ser por las inversiones privadas hoy tendríamos 700.000 personas más sin acceso a agua corriente. Y proponemos remover las trabas a las inversiones  para potenciar las soluciones a las necesidades de agua potable que tiene gran parte de la población”, dijo finalmente.