La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) presenta un informe sobre una de las empresas estatales que en las últimas semanas ha captado la atención política y social por las irregularidades que saltaron a la luz.

PETROPAR, como empresa pública nace en 1980. La misma surge con una naturaleza de agente regulador de un sector estratégico de la economía paraguaya, ya que los combustibles son un insumo vital para casi todos los sectores económicos, especialmente para la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios. La relevancia del sector es clave en Paraguay, ya que al no ser un país productor de petróleo, está obligado a importar. 

La CNCSP afirma que la reciente entrada de PETROPAR al mercado de comercialización de combustibles ha alterado el orden existente. Ante esta situación se presenta un conflicto de intereses debido a que la institución solo debía regular el sector, es decir, velar la provisión en términos de cantidad y calidad para asegurar la disponibilidad de carburantes en el país. 

Sin embargo, la apertura de nuevas estaciones de servicios en condiciones financieras poco claras ha afectado las inversiones del resto de los jugadores. Más aún cuando PETROPAR aún no ha saldado la deuda de alrededor de 300 millones de dólares con PDVSA, la empresa venezolana que le había proveído combustibles en 2004.

El surgimiento y expansión de las estaciones de servicio de PETROPAR se produjo en el periodo de precios bajos del petróleo. Esta institución reguladora disponía de un pequeño margen para vender más barato que el resto de los jugadores. 

Esto hizo que logre posicionarse en el mercado de combustibles como actor dominante. Sin embargo, su rol debía haberse circunscripto a la regulación del sector y la fijación de precios referenciales que sirven de guía al resto de los participantes de la cadena: importadores y logística, transporte, distribución y comercialización. 

La actual estructura económica paraguaya, sumada al conjunto de actores del renovado sector de combustibles, requiere de instituciones serias, consolidadas y eficientes que cumplan el rol de regular y asegurar el correcto funcionamiento del mercado. 

La salida de los jugadores internacionales, que han puesto en venta sus activos, puede leerse también como la pérdida de credibilidad por la alteración de las reglas y sobre todo de los roles en el mercado de combustibles. Al cambiar las reglas de juego de un sector estratégico, el país pierde previsibilidad y credibilidad jurídica. Paraguay pierde competitividad por la falta de provisión de seguridad jurídica a inversores, tanto internacionales como nacionales.