Con la promulgación de la Ley el mandatario cumplió una deuda electoral que tenía con los cooperativistas. Durante la campaña había prometido derogar la Ley impuesta por el Gobierno de Cartes, que desde el punto de vista de los cooperativistas era, en violación de la Constitución Nacional.

De hecho, cientos de cooperativas recurrieron la impopular medida del gobierno anterior, ante la máxima instancia judicial, que falló a favor del planteamiento, para numerosas instituciones, pero no para la totalidad.

Con la decisión del Gobierno, el Ministerio de Hacienda se queda sin alrededor de 70 millones de dólares de recursos, que tendrá que obtener de otras fuentes o tendrá que mejorar su eficiencia para reducir la evasión impositivas en sus distintas modalidades, que de acuerdo con los organismos multilaterales es de entre 40 y 50%.