Construcción de viviendas mejorará calidad de vida de comunidad indígena

Publicado en fecha 08-09-2018
Asentadas en tierra propia desde setiembre de 2017, las 64 familias del pueblo Mbya avanzan en el fortalecimiento del arraigo en el nuevo territorio, donde próximamente se iniciará la construcción de viviendas, en el afán de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. El grupo fue relocalizado en la zona del departamento de Caaguazú, como parte de las acciones sociales previstas en el Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Fase II, impulsado por la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Divididas en tres núcleos, Joyvy Santa Librada, San Jorge y 20 de Julio, vivían a unos siete kilómetros de la ciudad de Caaguazú, ocupando un terreno aledaño a uno de los tramos de la ruta 13, mejorados en el marco del Programa. De allí fueron reasentadas en tres propiedades –que totalizan unas 405 hectáreas-, ubicadas en San Joaquín, Yukyry, distrito de Juan Manuel Frutos, y Yacare'i, distrito de Caaguazú.

La compra de estos terrenos representó una inversión de unos 1,3 millones de dólares, de los tres destinados a la asistencia de esta comunidad, cuya prioridad –definida por sus propios integrantes- es disponer de casas más fuertes y seguras, para dejar atrás las precarias carpas y chozas en las que hoy viven.

Para la construcción de las casas, el MOPC trabajará en articulación con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), que aportará los recursos técnicos y se ocupará de fiscalizar las obras.

Otras actividades en marcha, dirigidas también a afianzar el asentamiento de estas familias, son la mensura de las tierras –cuyos títulos de propiedad ya fueron entregados a los líderes de cada uno de los núcleos-, el cercado de los lotes, y el establecimiento de cultivos de autoconsumo para la seguridad alimentaria. Se prevé también la provisión de alimentos (hasta tanto se instalen los cultivos de autoconsumo), herramientas y enseres domésticos, como utensilios de cocina y colchones, entre otros elementos necesarios para el desarrollo de la vida diaria.

En la misma línea se gestiona la provisión de agua potable y energía eléctrica, disponibles en los nuevos territorios, aunque en condiciones aún precarias. La educación y la salud son otros servicios necesarios, en proceso de ser tramitados con los organismos del Estado responsables de su provisión: ministerios de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y de Educación y Ciencias (MEC).

Las decisiones tomadas para el reasentamiento y arraigo fueron consensuadas con las comunidades indígenas, desde el inicio del proceso, en el año 2014, cuando el Congreso Nacional denegó la expropiación del inmueble donde residían. A partir de ese momento, y ante el riesgo de desalojo, desde el MOPC se puso en marcha el programa de asistencia, con la participación activa de la comunidad, que fue objeto de estudios socioantropológicos orientados a determinar, entre otros aspectos, las características que debía reunir el sitio donde serían reasentados. Esta tarea contó con el apoyo del Instituto Nacional del Indígena (Indi).

Gestionado por la Gerencia de Proyectos de Vialidad, el Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial-Fase II ejecuta un plan de gestión socioambiental a cargo de la Coordinación de Sustentabilidad de la UEP-MOPC, y se halla financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).