La elaboración del informe fue impulsada por la oficina local del UNFPA, en estrecha coordinación con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) de la República del Paraguay. El documento forma parte de la Iniciativa Bandera Inversión en Adolescencia y Juventud que el UNFPA lanzará próximamente a nivel regional. Bajo el nombre "165 millones de razones", en alusión al número de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe por los que hay que apostar para garantizar su presente y su futuro.

UNFPA busca movilizar voluntades, conocimientos y recursos a fin de incrementar la inversión de calidad en las personas adolescentes y jóvenes, para garantizar sus derechos en el presente y en el futuro, y sentar las bases de un verdadero desarrollo sostenible. 

Paraguay es un país con una población joven que excede la media regional, con 29% de población joven –1.955.914 personas– (CELADE, 2015). ¿Cuánto es el gasto público destinado a la adolescencia y la juventud?  ¿Qué inversiones está haciendo el país en esta población?

El informe que se presenta este viernes contiene cinco capítulos. En el primer capítulo contempla "La vida de la población joven en Paraguay" y expone datos sobre adolescentes y jóvenes en las áreas de salud, educación, trabajo en el mercado y en el hogar. Además, refiere a la protección contra la violencia de género para esta población y la participación política. En los capítulos siguientes hace referencia a  "Las políticas dirigidas a la juventud" y "Las finanzas públicas".

El estudio expone la metodología utilizada y mide "La evolución del gasto público total respecto del PIB" y contiene datos sobre "evolución del gasto público social en adolescencia y juventud"; "composición del gasto público social en adolescencia y juventud" y "evolución del gasto público social y del gasto público social en adolescencia y juventud por grupo de edad".

Para hacer este estudio, UNFPA LACRO primero diseñó una propuesta metodológica que luego validó y ajustó junto a especialistas de la región que habían conducido estudios similares. Durante 2015 y 2016 promovió una implementación piloto de la metodología en 4 países de la región (Colombia, El Salvador, México y Uruguay). En 2017, se ajustó la metodología y se amplió la implementación a siete países: Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.