En su reporte anual “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018: los desafíos de las políticas públicas en el marco de la agenda 2030”, consignan que “el objetivo no es tener sectores públicos solventes y eficientes que permitan mejoras sostenibles en la calidad de las intervenciones, el desarrollo económico y la distribución del ingreso”.

Los expertos de la Comisión sugirieron fortalecer la capacidad recaudatoria a partir de la aplicación de gravámenes a las donaciones, legados y herencias; impuestos ambientales, y gravar también al turismo internacional.Destacan que sólo México, Panamá y Paraguay se han rezagado en reformas sucesivas para generalizar y fortalecer al Impuesto al Valor Agregado, lo que ha limitado su manejo como el principal instrumento generador de recursos tributarios a nivel regional.

En el lado del gasto público, plantean reducir la fragmentación de sistemas de salud para alcanzar cobertura universal, así como introducir estrategias de acumulación de capital humano a los programas de apoyo y transferencia monetaria para sectores menos favorecidos.

Destacan la importancia de buscar alternativas para blindar los programas de transferencias condicionadas de los vaivenes de la economía. Acentúan que la desaceleración del crecimiento económico sí ha incidido en una merma en la inversión para estos programas en Honduras, México y Uruguay.

Los expertos de la Cepal enfatizan que los países de la región deben tomar conciencia de que las posibilidades de cumplir con esta compleja agenda de reformas depende del fortalecimiento de las burocracias estatales, pues encuentran ausencia de servicios civiles con una razonable capacidad para implementar iniciativas de reforma.

Reconocen que, este tipo de reformas suele tener costos políticos elevados, por ello observan que es importante que los países que han pasado por un proceso reciente de cambios, de un par de años, sólo se refuerce el alcance del recaudador y la eficiencia de la recaudación de cada impuesto.

En el detalle de la propuesta recaudatoria, los especialistas de Cepal dicen que, al considerar la aplicación de un gravamen sobre la transmisión gratuita de bienes, esto es donaciones, legados y herencias, se puede aprovechar la experiencia de Chile, Ecuador y Uruguay para proponerlo como tributo nacional, como sucede en estos tres países, o la de Brasil y Argentina, que lo tienen como un impuesto subnacional.

Además, esgrimen que “resulta ineludible considerar una serie de instrumentos innovadores que no sólo apunten a generar mayores ingresos para el Estado, sino que ofrezcan la posibilidad de influir sobre el comportamiento privado, ya sea desalentando prácticas que atentan contra el desarrollo sostenible y fomentando acciones que puedan contribuir en tal sentido”. Estos impuestos incluyen tributos ambientales que van desde el impuesto al carbono hasta los que gravan la utilización de bolsas de plástico o los que gravan la producción de residuos contaminantes, así como la tributación sobre el tabaco y las bebidas azucaradas.

Con el objetivo de mejorar la progresividad de los sistemas tributarios, proponen considerar distintas variantes de impuestos solidarios sobre los ingresos más elevados, como impuestos al turismo internacional y hasta gravámenes menospreciados en épocas pasadas como los que gravan patrimonio, donaciones y herencias, que ofrecen el beneficio adicional de afectar concentración de riqueza.

Tal como lo hiciera el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el 2012, los expertos de la Comisión sostienen que los sistemas tributarios pueden diseñarse para respetar el principio de capacidad contributiva, exigiendo un mayor esfuerzo relativo a los contribuyentes de mayores recursos económicos. Esto permite tener un impacto progresivo sobre la distribución del ingreso.

Esgrimen que el Impuesto sobre la Renta resulta uno de los gravámenes más favorables para hacer una recaudación redistributiva.

Plantean que, actualmente, la recaudación de este impuesto se recarga casi exclusivamente en los individuos de más altos ingresos, lo que favorece la evasión, morosidad y elusión.

“Esto debilita el potencial recaudatorio del tributo y su capacidad para modificar la distribución del ingreso en términos generales”, indica.