En el momento de elegir un nuevo gobierno, el CADEP lanza una propuesta de un nuevo arreglo fiscal para el Paraguay denominado: Una Reforma Tributaria para mejorar la Equidad y la Recaudación. La autoría de esta propuesta es de Dionisio Borda y Manuel Caballero.

Esta reforma tributaria se propone llegar, al menos a una presión tributaria del 15% en los próximos cinco años.

• Fusionar el IRAGRO con el IRACIS para un mayor rendimiento de la renta agropecuaria  para un mayor control sobre los precios de transferencia de los commodities agrícolas y con el fin de eliminar  exenciones a los intereses de algunos activos

• Ampliar las alícuotas o tasas del Impuesto a la Renta Personal, de dos actuales a 6 y con rangos de ingresos que se extienden de 5 a 25%.

Tramos de renta anual en

salarios mínimos (SML) 

0 a 36 SML Exento

Más de 36 SML a 60 SML 5%

Más de 60 SML a 120 SML 8%

Más de 120 SML a 200 SML 10%

Más de 200 SML a 300 SML 15%

Más de 300 SML a 400 SML 20%

Más de 400 SML 25%

• Reducir los gastos deducibles del IRP a los niveles normales y/ o comunes de aplicación de este tipo de impuesto en la región latinoamericana.

• Impuesto Unico del 5% a la venta de productos agropecuarios o Impuesto Ambiental (externalidades negativas)

• Generalizar gradualmente la tasa del IVA del 10% a aquellos bienes y servicios que están eximidos de este impuesto o que solo pagan el 5%.

• Derogar la Ley 5542/2015 que permite la invariabilidad tributaria al impuesto a la renta a empresas por mas de 20 años y corregir y/o reducir los regímenes especiales que causan perforaciones tributarias.

• Mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario mediante la ayuda de la administración central a gobiernos locales.

• Mejorar la administración tributaria con recursos humanos mas calificados, capacitación constante y uso de tecnología actualizada.

• Ninguna reforma tributaria podrá ser efectiva ni tendrá legitimidad si no se mejora la calidad del gasto público de una manera sustentable, eficiente, equitativa y transparente. Para ello deben contribuir la menor discrecionalidad del Congreso en la asignación de recursos, una gestión mas rigurosa y transparente del Ejecutivo en la inversión pública, mayor prioridad del gasto público hacia las demandas sociales, y ,mayor control del gasto en gobiernos subnacionales e instituciones autárquicas.