La decisión fue tomada el martes por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), reunidos en Bruselas, tras un proceso que ha durado meses y ha causado quejas y maniobras diplomáticas en muchos de los países afectados. Además del riesgo reputacional, la UE plantea una serie de medidas punitivas.

Para crear la lista negra, la Unión Europea se ha basado en una serie de criterios, como la transparencia fiscal de los países, sus regímenes de impuestos de sociedades (si pueden ser considerados dañinos) y si respetan los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios o más conocido por el término inglés anti-BEPS.

Uno de los casos más llamativos es el de Corea del Sur, con quien la UE tiene un acuerdo de libre comercio. Según el Ecofin, la República de Corea cuenta con un régimen fiscal considerado dañino y Seúl se ha negado a cambiarlo en el plazo previsto.

En la lista gris han acabado finalmente 47 países que, si bien cumplen los criterios para estar en la lista negra, se han comprometido a corregir sus marcos legales para alinearlos con los estándares internacionales. Los países de ese purgatorio fiscal dispondrán hasta finales del 2018 para cumplir con los compromisos o hasta el 2019 si son países en desarrollo sin centros financieros internacionales.

“Aquellos que han hecho compromisos deben darles seguimiento con rapidez y credibilidad. No debe haber ingenuidad: las promesas se deben convertir en acciones”, afirmó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en un comunicado.

En el caso de Andorra y Suiza, los ministros de la UE creen que ambos países cuentan con regímenes fiscales dañinos y urgen a reformarlos antes del 31 de diciembre del 2018. En cuanto a Marruecos, además de un régimen fiscal dañino, también incumple con criterios de transparencia fiscal y cooperación administrativa.