“Las grandes oportunidades de la actualidad están representadas por obras de infraestructura nacionales, financiadas con dinero o préstamos que el pueblo paraguayo debe pagar y en que ya no cabe, de manera alguna, el remanido pretexto de que los organismos multilaterales de crédito establecen las condiciones de participación”, dijo Heisecke.

Explicó que de nada sirve legislar únicamente para grandes empresas,  que se debe atender toda la cadena de empresas y precautelar las condiciones que permitan su crecimiento y evolución.

“No tenemos temor alguno a la competencia con empresas internacionales, siempre y cuando haya condiciones igualitarias de participación. Un mercado abierto genera empresas ágiles y competitivas y a pie de igualdad siempre seremos más eficientes que las empresas extranjeras. Queremos competir por la adjudicación de un contrato. Queremos que la política sea el acceso de la  mayor cantidad posible de oferentes a todos los llamados, sean estos nacionales o internacionales. No queremos que por exigencias desmedidas se atomicen  las adjudicaciones en un reducido grupo de empresas en desmedro de una gran mayoría que al igual que las grandes han demostrado capacidad y deseos de superación”, continuó. 

Heisecke dijo que muchos llamados son verdaderos trajes a medida que no soportan el más mínimo análisis atentando contra la libre competencia, al tiempo de  perjudicar a ambos extremos de un proceso de contratación, comitentes por un lado, que son privados de mayor cantidad de ofertas y muy probablemente de mejores y más convenientes  precios para el estado y, oferentes por otro, que no pueden acceder a contratos de trabajo.

 Aclaró que a la Capaco manifesta una voz de alerta, ya que la aplicación de la Ley 2051 viene siendo distorsionada por varias instituciones comitentes, quienes con interpretaciones antojadizas que establecen condiciones de participación y que no guardan ninguna relación con el tipo de obra a ser licitada. Y agregó que otro actor fundamental    del proceso de las Contrataciones públicas es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP, institución cuya función es la correcta interpretación y aplicación  de la Ley y de la que se espera sea un árbitro justo, imparcial e independiente.

“Lo anteriormente expuesto cobra mayor relevancia en éste tiempo, debido a la gran inversión en infraestructura que se lleva adelante y a los numerosos contratos de obras que son objeto de llamados a licitación. Esperamos de todas las administraciones de gobierno, que demuestren su voluntad de apostar al crecimiento de las empresas nacionales. En este actual “momento” que nos toca vivir, la voluntad política no necesita demostrarse con duras negociaciones con otros gobiernos, simplemente estableciendo condiciones igualitarias de participación y que se contemple la posibilidad de crecimiento de todo tipo de empresas componentes del sector”, dijo Heisecke.