El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el costo anual de los sobornos en el mundo oscila entre 1,5 y 2 billones de dólares, que es aproximadamente 2% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Esta cifra “es apenas la punta del iceberg del efecto que tiene la corrupción sobre el desempeño de la economía”, refirió Christine Lagarde, directora gerente del FMI, pues el impacto económico de la corrupción es mucho más profundo y de largo plazo.

Al participar en un seminario sobre corrupción, organizado por el think tank estadounidense, Brookings, la directiva hizo un llamado a que los países cuantifiquen el costo económico que les ha generado la corrupción en sus múltiples facetas, pues en la medida en que lo identifiquen, podrán comprometerse para irlo erradicando.

“La malversación de fondos, el nepotismo, el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y los sobornos, cada uno representa un tentáculo de la corrupción y compromete de manera consistente la capacidad de los estados para generar crecimiento inclusivo y superar la pobreza”, argumentó.

La funcionaria anticipó que “en los próximos días” anunciará dos nuevas iniciativas para cuantificar y analizar mejor el problema, pues el FMI está ya asumiendo que la corrupción afecta el crecimiento inclusivo, que es la expansión económica que se derramaría entre la población.

Lagarde dijo que “en la medida en que este tipo de corrupción se institucionaliza, la desconfianza en el gobierno crece y envenena la capacidad de una nación para atraer la inversión extranjera directa (IED)”.

El resultado es una espiral negativa de la cual resulta difícil librarse, lamentó. Admite que “empíricamente es difícil establecer una relación causal entre corrupción y crecimiento”, y citó algunos estudios para evidenciar que tiene efectos negativos en el PIB per cápita.

Ésta no es la primera vez que el FMI elabora sobre el impacto económico de la corrupción. En un documento de trabajo, titulado “Corrupción: Costos y estrategias para mitigarla” esgrimen que la persistencia de la corrupción limita la estabilidad macrofinanciera, afecta la inversión público y privada, lesiona la acumulación de capital humano y golpea la productividad en general.

Al analizar uno de los tentáculos de la corrupción, que es la evasión fiscal, el FMI explica que en países que padecen corrupción, las exenciones fiscales son percibidas como prebendas para ciertos segmentos, desalentando al cumplimiento de los demás contribuyentes.

Cita los Panama Papers como la evidencia del nexo que sí puede generarse entre la secrecía de un sistema tributario, la evasión y las actividades criminales.

“La evasión fiscal, como la corrupción, contribuyen a la percepción de la inequidad e injusticia entre los ciudadanos y mina la confianza que pueden tener en los gobiernos e instituciones”.

Además, “reduce el ímpetu del Estado en recaudar impuestos, acotan, pues en países altamente corruptos, se pueden presentar menos incentivos para movilizar ganancias domésticas”.

Conforme se erosiona la capacidad de un país de recaudar impuestos, argumentan, el gobierno tiende a inclinarse por medidas de señoriaje, lo que también mina la credibilidad de un banco central en la conducción de la política monetaria.

Según el documento, al minarse la capacidad de recaudación de impuestos, se limita la disponibilidad de recursos para financiar educación y salud.

“La corrupción sistémica puede promover emigración, especialmente en gente mejor educada, lo que suele reducir el talento doméstico y tiene implicaciones negativas de largo plazo en el crecimiento”.

Genera una educación pobre y bajos niveles de sanidad, pues el gasto público es menos efectivo en sectores sociales en países con más corrupción.