Preocupados, algunos de ellos desesperados, pero con la esperanza de que vendrán tiempos mejores para el Paraguay sin violencia ni inseguridad, fuerzas del trabajo unidas se reunieron en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para poner sobre el tapete la grave situación generada en el norte del país por el flagelo del secuestro, que se vio agravado últimamente con el plagio de varios compatriotas menonitas, elevándose a 5 los casos de víctimas de este tipo de delito criminal.

La convocatoria se realizó a puertas cerradas, y entre los asistentes se encontraban directivos de la Asociación Rural del Paraguay, encabezados por el presidente del gremio, Dr. Luis Villasanti; y representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Unión de Gremios de la Producción (UGP), Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco); Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco); Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP); Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas (Capeco); Colegio de Abogados del Paraguay; Asociación de Transportistas de Ganado del Paraguay (ATGP) y Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa).

También estuvieron representantes del Centro de Industriales del Paraguay (CIP); Club de Ejecutivos del Paraguay (CEP); Federación Paraguaya de Madereros (Fepama); Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban); Asociación de Productores de Soja (APS); Cooperativa Neuland; Cooperativa Friesland; Cooperativa Volendam; Cooperativa Sommerfeld; familiares de las víctimas de secuestro y trabajadores de las colonias menonitas Campo 9, México, Río Verde, Santa Clara y Manitoba, a más de un grupo de campesinos de la comunidad Yaguareté Forest, Departamento de San Pedro.

Durante el encuentro, los presentes expusieron aspectos puntuales de la situación que enfrentan especialmente los productores norteños debido al flagelo del secuestro, y la necesidad de articular mecanismos de consenso entre todos para tratar de encontrar una salida, que en todos los casos deberá pasar por la intervención del Gobierno nacional.

Al término del encuentro, el Dr. Villasanti respondió a preguntas de la prensa, y en ese sentido insistió en que más que nunca es importante en estos momentos de preocupación generalizada la unidad de todas las fuerzas del trabajo y ejercer mayor presión a las autoridades competentes para brindar garantía de vida y seguridad a los que realmente quieren trabajar y vivir en paz, ya sin violencia y luchas fratricidas.

También se dio a conocer un comunicado de los gremios y de la sociedad civil, dirigido al Gobierno nacional, ante la falta de resultados de las fuerzas de seguridad, en particular contra los terroristas del norte.

El documento se dirige igualmente al Poder Legislativo y da su voz de alerta en el sentido de que la situación ha llegado a un punto crítico que exige a las autoridades responsables proveer de recursos necesarios para continuar la lucha en defensa del Estado de Derecho, destinando fondos específicos a las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC).

“Encomendamos a los gremios, en su calidad de representantes organizados de las fuerzas vivas y de la sociedad civil, construir con el Poder Ejecutivo una mesa de crisis para diseñar nuevas estrategias que permitan a los secuestrados volver sanos y salvos a sus hogares”, señala el comunicado.

Añade que en la emergencia urge definir acciones en las áreas policial, militar, social y económico, que garanticen la vida y los bienes de los habitantes de las zonas afectadas por la violencia.

También instan al Poder Ejecutivo a redefinir la función de las FTC, sin sustraerlas de su responsabilidad de defensa del territorio afectado.

En otro punto, se dirigen a la clase política partidaria y le piden que renuncie definitivamente a sus intereses sectarios, el oportunismo electoral y la búsqueda mezquina de provecho proselitista, cuando están en juego la seguridad nacional, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza, y cuando deberían priorizarse los derechos de las personas, sin distinción alguna.

No podía faltar en el orden del día el tema de las invasiones de tierras, y sobre el punto el comunicado reclama la defensa irrestricta de la propiedad privada.

“La inseguridad no se limita a la protección de las personas, sino supone además la defensa de sus bienes, que contribuyen al bienestar y felicidad de la gente”, alega el escrito.

Sostiene por último que en el marco del respeto a la ley, “presenciamos el abuso de sectores políticos que instrumentan a pequeños grupos de campesinos y estudiantes que ocupan espacios públicos e instituciones educativas en perjuicio del interés general”.

Fuente: ARP