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Protek califica de injusta imputación de director y un gerente
Publicado en fecha 23-06-2017
Monital S.R.L., empresa integrante del Grupo Protek, que presta servicios de seguridad, se dirige a las autoridades y a la opinión pública, para manifestar su preocupación ante la ilegal e injusta imputación a uno de sus directivos y uno de sus gerentes por parte de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz, ante el penoso hecho ocurrido de conocimiento público que involucra a personal de la Empresa.
La imputación, además de apresurada, carece de fundamentos, y por ende, no corresponde, es ilegal y enteramente injusta.
La empresa Monital se encuentra habilitada desde el año 1996 a prestar servicios de Seguridad por Medios Electrónicos. La Ley N° 5424/2015, habilita expresamente a las empresas de seguridad por medios electrónicos a brindar: "Respuesta armada o no con personal de patrulla en vehículos (autos, camionetas o motos) propios de la empresa debidamente equipados tanto el personal como el vehículoâ€.
El personal de Monital es un trabajador dependiente de la empresa, no un tercero ajeno a la misma. De ahí que es grave que la fiscala interprete que los directivos de Monital le hayan “prestado†un arma al guardia, como si fuera un tercero o un extraño a la Empresa y con esta arma, este guardia ocasionó el hecho de conocimiento público y que seguimos lamentando profundamente.
Por lo tanto, imputa y pide la prisión de los ejecutivos de Monital, como si fuera que ellos en forma directa cometieron un crimen, en un claro abuso de sus atribuciones, dada la ausencia de causales que justifiquen su acción.
La inseguridad jurídica que todo esto conlleva es extremadamente peligrosa, pues con el argumento falaz de la Fiscal, en cualquier caso que una persona física, un sereno, un guardia, etc., dependiente de una persona jurídica, sea o no empresa prestadora de servicios de seguridad, cometa un hecho que luego de un debido proceso sea calificado como hecho punible, también compromete automáticamente la responsabilidad penal de los directores y gerentes y demás funcionarios de dicha persona jurídica.
Además, la Fiscal –violando una norma elemental del debido proceso–, ni siquiera le escuchó previamente a los Directivos, pues decretó su detención sin tomarle la declaración indagatoria.
Esto definitivamente es una barbaridad jurídica.
Confiamos en que finalmente se hará JUSTICIA y la falaz interpretación de la Fiscal, quien con un actuar inexplicable, somete a esos Directivos y a la Empresa a una situación pública de menoscabo de su imagen y reputación, será revertida quedando sin efecto esa peligrosa interpretación fiscal.
