Asentamientos de Central forman parte del territorio de exclusión social

Publicado en fecha 16-05-2017
Por José Antonio Galeano
La mayor parte de la sociología paraguaya se dedicó a abordar y estudiar la problemática de los contextos rurales, poniendo el foco en la cultura y en el estilo y las condiciones materiales de vida de las poblaciones campesinas e indígenas. 
Hay, pues, un problema que no está siendo cubierto ni en el ámbito académico ni en el nivel gubernamental: el fenómeno del crecimiento de la población y del espacio urbano, sin planificación alguna, donde tienen lugar situaciones que vulneran derechos básicos de las personas que migran del campo a la ciudad. 

El diagnóstico de la problemática y del contexto de la realidad urbana es el punto de partida para la construcción de políticas públicas, ya que sin él no se puede proyectar ni planificar ningún objetivo, acción ni cambio a lograr. La carencia de esa información fundamental motivó la aplicación de una encuesta de exclusión social, política y económica en los asentamientos de 16 de los 19 distritos del departamento de Central, el más poblado del Paraguay, en el marco de la investigación “Territorios de exclusión social”  .

Según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, la cantidad de viviendas en asentamientos en los 17 departamentos y en la capital del país era de 65.595 unidades, cuando en todo el territorio nacional había aproximadamente 1.550.000 hogares (DGEEC, 2011). Así, el 4,2% de las viviendas estaba localizada en asentamientos.

En el departamento de Central existen 196 asentamientos con un total de 20.324 viviendas, y se calcula que cada vivienda alberga 4,48 miembros en promedio. Puede estimarse, entonces, que aproximadamente 91.000 personas se encontrarían viviendo en asentamientos, que representan el 4,9% de la población de este departamento.

El sistema de medición de exclusión social utilizado en la citada investigación se compone de 46 indicadores agrupadas en seis dimensiones correspondientes a “participación en la producción”, “participación del producto social”, “derechos políticos”, “derechos sociales”, “conflicto social y anomia” y “aislamiento social”, las que a su vez se encuentran en tres ejes principales: el social, el económico y el político.
Todas las variables de interés, de informaciones del Censo Nacional de Población y Viviendas de 2012 o de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015, demuestran condiciones de vida más deterioradas, desfavorables y de privaciones de derechos básicos de las personas que viven en los asentamientos, en clara desventaja con el resto de la población departamental y nacional.

En el eje económico se destaca que el 57,19% de las personas sustentadoras principales que viven en asentamientos del departamento de Central tiene un empleo de exclusión. El 30,54% de la población de los asentamientos de Central se encuentra por debajo de la línea de la pobreza extrema. Cabe señalar que este dato sextuplica el índice global, pues la Encuesta Permanente de Hogares de 2015 reporta que el 4,8% de la población total del departamento se encontraba en situación de pobreza. Además, el 80,68% de los hogares no cuenta con alguno de los tres bienes o servicios considerados básicos (agua, cocina y recolección de basura). Y, a pesar de encontrarse en estas condiciones, el 99,5% de las personas que viven en asentamientos no es beneficiaria de los programas públicos de reducción de la pobreza.

En el eje político se observa que el 22,95% de las personas mayores de 65 años que viven en los asentamientos del departamento de Central no sabe leer ni escribir. El 80,2% no cuenta con ningún tipo de seguro médico, valor que está 18,8% por encima de la media de la población del departamento, según la Encuesta Permanente de Hogares de 2015. El 24,3% de las personas que viven en asentamientos pasa hambre y hay días en que el 27,4% de los hogares no consigue alimento suficiente para cubrir las tres comidas diarias. En el 4,7% de los hogares existen fumigadores que dañan la salud o cultivos en los que se practican fumigaciones aéreas. En el 48,2% de los hogares hay insalubridad, humedad, suciedad y malos olores. Y el 67,7% de los hogares se encuentra en entornos muy degradados, en áreas de difícil acceso, inundables e insalubres.

Y en el eje social se destaca que el 9,9% de los hogares de los asentamientos del departamento de Central tiene miembros que recibieron malos tratos físicos y/o psicológicos. En el 6,3% de los hogares hubo, en los últimos cinco o diez años, problemas con el alcohol, con drogas o con el juego. El 2,04% de los hogares tiene algún miembro que ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja. El 17,6% de los jefes y jefas de los hogares se sintieron alguna vez discriminados por motivos raciales, étnicos, de identidad sexual, género, aspecto físico o, simplemente, por vivir donde viven. El 8,38% de los hogares cuenta con al menos un miembro alojado en hospitales, psiquiátricos, centros de drogodependencias, hogares de abrigo de niños, niñas y adolescentes, penitenciarías u otra institución semejante. El 2,17% de los hogares tiene algún miembro con antecedentes penales. La encuesta reveló que las personas cabezas de hogares de los asentamientos del departamento de Central tienden a participar en organizaciones y grupos como comisiones vecinales (20,8%), asociaciones religiosas (17,9%), partidos políticos (8,2%) y clubes deportivos (5,1%). Pero no son miembros de sindicatos ni de asociaciones de profesionales, educativas, de mujeres, de jóvenes o de adultos, como tampoco de organizaciones ecologistas, culturales y cívicas o sociales.

Este breve panorama de la situación observada en los asentamientos del departamento de Central, de las personas que migran del campo a la ciudad y no encuentran más alternativa que asentarse en territorios excluidos de la sociedad, y que la autogestión para resolver sus problemas, debería interpelar a las instituciones del Estado paraguayo encargadas del diseño de las políticas públicas y programas de inclusión social.
Fuente: Cadep