Esta pensión, instaurada a través de la Ley N° 3728/2009, beneficia a personas de 65 años y más que se encuentran en situación de pobreza y cumplen requisitos de orden administrativo. Mediante su otorgamiento, se procura atenuar las desigualdades sociales que enfrenta este grupo de población, otorgando los medios para alcanza una seguridad económica básica. El beneficio estipula el pago del equivalente al 25% del salario mínimo, por lo que el monto actual de la pensión asciende a G. 491.127.

Desde su implementación en el año 2010, la pensión ha beneficiado a 173.500 adultos mayores, quienes no estaban cubiertos por ningún mecanismo de seguridad o protección social.

Actualmente, este programa de pensión se encuentra presente en los 254 municipios del país. En lo que va de 2017, se han incorporado más de 11.500 nuevos beneficiarios, quienes pasan a asegurar el acceso a su alimentación y cuentan con la capacidad de cubrir gastos cotidianos.

Resulta importante destacar que, a través de diferentes actividades de evaluación, se han identificado impactos positivos que genera el acceso a la pensión:

• Individualmente, la pensión le da autonomía a las personas adultas mayores, quienes dejan de depender exclusivamente de sus familiares, vecinos y amigos para sus gastos alimentarios y la cobertura de otras necesidades esenciales.

• En los hogares de los beneficiarios, la contribución de la Pensión al presupuesto familiar hace que la pobreza se reduzca desde 48% a 17% y la pobreza extrema desde 30% a 4% (datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015).

• En las economías locales, donde un volumen mensual superior a 71 mil millones de guaraníes dinamizan la producción y distribución de bienes y servicios; fortaleciendo el mercado interno.