El pasado 15 del corriente, el jefe de Estado, Horacio Cartes, firmó otro nuevo Decreto, el N° 6910, con el que se pospuso la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas al Decreto N° 9371/2012, 'Por el cual se Reglamenta el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP)', creado por Ley N° 2.421, del 5 julio de 2004, 'De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal' y se Modifican algunos artículos".

En esa ocasión, la Asesoría Jurídica de la Presidencia destacó que “ante el pedido de diversos gremios sobre la entrada en vigencia del Decreto N° 6560/16, y analizado los planteamientos del sector empresarial, se ha llegado a la conclusión de que corresponde diferir la aplicación de algunas de las modificaciones dispuestas en el citado Decreto.”

Según la Lic. Alba Talavera, se posponga o no el alcance de un decreto, la acción de inconstitucionalidad será planteada, porque “una Ley jamás puede ser modificada con un decreto”.

Para la profesional del Colegio de Contadores la Ley surgió en el Poder Legislativo, 

por lo que ellos recurrieron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, para impulsar un Proyecto de Ley con el que se pueda modificar los usos efectivos de las inversiones a las que se refiere el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda.

Aseguró que se debe procurar la equidad tributaria, “pero modificando el texto de la Ley, no a través de un decreto”. Y que todo el problema se suscitó por la falta de consenso y de consulta a los sectores involucrados, incluyendo a los más conocedores del tema, es decir, los contadores.