A través de un decreto, el presidente argentino Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a distintos artículos de la ley migratoria del 2003, entre ellas “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.

Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aun cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior “en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad”.

El gobierno sostuvo que “ante recientes hechos de criminalidad organizada” las autoridades enfrentaron serias dificultades para expulsar extranjeros, debido a un “complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”.

Este endurecimiento busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico.